Trabajo aprobará el permiso por fallecimiento de familiar "cuanto antes" mediante real decreto-ley

El Ministerio de Yolanda Díaz busca sacar adelante la medida "en breve" mediante real decreto-ley, según ha asegurado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey

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El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey

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Por Demócrata

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El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha adelantado que el Gobierno pretende aprobar el permiso por fallecimiento de familiar de 10 días "cuanto antes" por la vía de urgencia. Pérez Rey confirmó en rueda de prensa que la iniciativa está ya sobre la mesa y que el Ejecutivo pretende sacarla adelante “en breve” mediante un real decreto-ley.

“Es una discusión en ciernes. Querríamos que esto se hiciera cuanto antes”, ha señalado el número 'dos' del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. “El Ministerio no puede hacer todo a la vez, no tenemos un gran ejército, somos pocos pero eficaces”, afirmó.

La intención del Ministerio de Trabajo es que la modificación del permiso por fallecimiento tenga carácter urgente, una fórmula que permitiría acortar plazos y evitar una tramitación parlamentaria más larga. “La intención sería que la norma fuera una norma urgente”, ha insistido el secretario de Estado.

Sin embargo, si la medida es aprobada mediante esta fórmula, requeriría ser convalidada en el Congreso en un plazo máximo de 30 días, sin garantías de que la Cámara avale la norma.

10 días por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares de hasta segundo grado

El planteamiento de Trabajo pasa por extender hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, con la posibilidad de disfrutarlo en días continuados o no dentro de las cuatro semanas siguientes al deceso.

Asimismo, se prevé un permiso de hasta 15 días para el nuevo derecho vinculado a los cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad.

Aunque el contenido definitivo de la norma aún está en discusión, el Ejecutivo asume la presión social y sindical para avanzar en una medida que se enmarca en la agenda de derechos laborales y conciliación, una de las prioridades del Ministerio de Díaz.