El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha otorgado un periodo de aproximadamente tres semanas a los representantes de los trabajadores para que presenten su propuesta en relación con la reforma de la legislación sobre el despido improcedente en España. Así lo han confirmado Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical de CCOO, y Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, tras participar en la primera sesión de la mesa de diálogo social encargada de tratar esta reforma.
Durante una rueda de prensa, ambos líderes sindicales han indicado que desde el Ministerio no se ha presentado ninguna propuesta inicial, solicitando en cambio que sean los sindicatos quienes elaboren una propuesta conjunta. Pacheco y Luján han adelantado que trabajarán en un planteamiento unificado para la negociación que responda a las necesidades de los trabajadores.
“Lo que hemos traído aquí es el acomodamiento de la regulación del despido injustificado, subrayo justificado, es decir, improcedente, es decir, contrario a la ley, a la normativa europea”, han explicado los representantes sindicales. También han recordado que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha criticado a España por no cumplir con la Carta Social Europea en términos de indemnización por despido improcedente, que se establece actualmente en 33 días por año de servicio.
Además, han mencionado que el CEDS ha emitido resoluciones condenatorias en julio de 2024 y junio de 2025, tras las denuncias interpuestas por UGT y CCOO. Estas resoluciones destacan que las compensaciones máximas establecidas por la ley española no son suficientes ni tienen un efecto disuasorio significativo.
CCOO y UGT están solicitando una compensación por despido improcedente que no solo compense adecuadamente a los afectados, sino que también prevenga a los empleadores de despedir sin justificación. Además, han subrayado la necesidad de restituir los salarios de tramitación eliminados en 2012 y de ajustar las indemnizaciones para que reflejen daños morales y perjuicios a los trabajadores, tal como lo establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por último, los sindicatos han expresado su intención de no aceptar la postura del Tribunal Supremo, que recientemente ha indicado que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse judicialmente. Han anunciado que llevarán esta decisión ante el Tribunal Constitucional en busca de un cambio legislativo que garantice la adecuación de las indemnizaciones a los estándares internacionales.