El Ministerio de Trabajo ha iniciado la consulta pública del proyecto de Real Decreto destinado a implementar el nuevo sistema de registro de jornada laboral y el derecho a la desconexión digital de los empleados, apenas un día después de que el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral caducara en el Congreso.
La ministra Yolanda Díaz ha activado así los procesos para establecer el nuevo registro horario, independientemente del mencionado proyecto de ley. Díaz ha reiterado que los empresarios están más preocupados por la implementación de este sistema que por la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas, apuntando que el objetivo es acabar con las más de 2,6 millones de horas extra no remuneradas que se reportan semanalmente en España.
A partir de mañana, el proyecto estará abierto a contribuciones con el objetivo de recoger feedback de ciudadanos, entidades y asociaciones antes de proceder con la redacción final del decreto.
Unai Sordo y Pepe Álvarez, líderes de CCOO y UGT respectivamente, han urgido al Gobierno a ratificar el nuevo registro en el próximo Consejo de Ministros, destacando su importancia para abordar el ‘fraude masivo’ de horas extra no pagadas y no declaradas en el país.
El Ministerio argumenta que la existencia de un registro de jornada protege no solo en términos salariales, sino también en la conciliación de la vida laboral y personal y la salud del trabajador. Además, enfatiza que la normativa también extiende su protección al derecho a la desconexión, esencial para la salud del trabajador.
El decreto en consulta pretende garantizar un registro de jornada ‘realmente eficaz’, basado en principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad, y desarrollar mecanismos para ejercer y controlar el derecho a la desconexión.
Además, el sistema deberá permitir la identificación personal y directa de los registros por parte de los trabajadores, y contemplar el control de modificaciones en los registros, posiblemente mediante acceso electrónico con garantías de autenticidad.
Finalmente, el Ministerio sostiene que el decreto es una medida adecuada que responde a la necesidad de desarrollar reglamentariamente las obligaciones actuales del Estatuto de los Trabajadores, en línea con la jurisprudencia europea y nacional para asegurar una efectiva regulación del registro de jornada.