El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comenzado el proceso de urgencia para la aprobación de un nuevo Real Decreto, con el objetivo de adoptar medidas urgentes que fortalezcan el sistema eléctrico.
Este proyecto regulatorio retoma iniciativas del Real Decreto-ley 7/2025, que fue ‘tumbado’ el pasado 22 de julio en el Congreso de los Diputados. Estas medidas, de menor rango normativo, buscan incrementar la solidez del sistema eléctrico y abordar los desafíos y ventajas de la transición ecológica, según informaciones del Ministerio.
La propuesta de Real Decreto está disponible para recibir alegaciones hasta el 11 de agosto, siguiendo la decisión del Consejo de Ministros de proceder con su tramitación administrativa de manera urgente.
Las medidas específicas del Real Decreto incluyen acciones de supervisión y control para asegurar el cumplimiento de obligaciones por los agentes del sector eléctrico. Estas acciones estaban contempladas en el Real-Decreto Ley rechazado en la Cámara Baja y buscan prevenir eventos como el apagón eléctrico peninsular del 28 de abril.
Con el propósito de mejorar la gestión técnica del sistema, se sugiere reforzar las capacidades de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cual deberá evaluar y reportar cada tres meses las obligaciones de control de tensión. Además, el regulador desarrollará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición cada tres años, con especial atención en instalaciones de arranque autónomo y redes de distribución.
Por otro lado, se asigna a Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema, la tarea de elaborar propuestas de cambios normativos para enfrentar variaciones de potencia y otros aspectos técnicos que fortalezcan la seguridad del sistema. También deberá desarrollar un nuevo procedimiento de operación para coordinar el desarrollo de la red de transporte y distribución, y establecer requisitos mínimos de monitorización para el análisis de incidentes.
El borrador del decreto además promueve la integración de almacenamiento en el sistema eléctrico con una meta de 22,5 gigavatios para 2030, facilitando la hibridación de módulos de almacenamiento con instalaciones de generación y agilizando la tramitación de estos proyectos.
Finalmente, la propuesta regula la caducidad de los permisos de acceso y conexión a cinco años para evitar la especulación y favorecer la conexión de nuevas actividades económicas. También se establecen plazos específicos para la respuesta de las compañías distribuidoras ante nuevas demandas, como puntos de recarga para vehículos eléctricos.