La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado este lunes a la compañía Hitachi Energy España a que “reconsidere su posición” respecto a la inversión prevista en la planta de Córdoba y a que “intente llegar al acuerdo” con la “interlocución de la parte social”, recordando que la fábrica da empleo a unas 440 personas.
En declaraciones a los medios tras reunirse con el 'country manager' y director de la entidad, Alfredo García-Borreguero, y posteriormente con el comité de empresa —encuentros en los que también ha participado la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López—, Montero ha explicado que “el ánimo del Gobierno de España es que la representación de los trabajadores y la empresa puedan llegar a un acuerdo y que fruto de ese acuerdo se recupere la inversión que en un primer momento la empresa iba a hacer sobre esta instalación, que estaba en torno a 87 millones de euros”.
La ministra ha lamentado que esa inyección económica “se ha reducido casi a la mitad, justamente para posibilitar, según la empresa, que haya continuidad y en algún caso recuperación de la productividad y la competitividad que durante el último año, según la empresa, se ha perdido”.
Ante esta situación, tanto la subdelegada como ella han trasladado “la voluntad de trabajar en esa dirección y de explorar los instrumentos que tenemos, entre ellos la concesión de dos subvenciones, incentivos regionales, que concede el Ministerio de Hacienda a través de los fondos regionales, en los que la empresa iba a tener una subvención de casi 12 millones de euros”. No obstante, ha advertido de que dicha ayuda “queda cuestionada, porque el total de lo que la empresa va a destinar a la actividad se baja casi a la mitad de lo que en un primer momento se tenía previsto, con lo cual eso obliga a explorar diferentes situaciones”.
Montero ha reiterado su llamamiento a que “los trabajadores y la propia empresa lleguen a un acuerdo”, recordando que “el acuerdo estaba en el marco de la negociación del convenio colectivo y que tiene que garantizar, como cualquier convenio colectivo, las condiciones laborales y la viabilidad del propio plan industrial, que la empresa tiene presentado y preparado de aquí a unos cuantos años”.
“No perder ni un puesto de trabajo”
La titular de Hacienda ha señalado que “el CEO se ha mostrado bastante firme en la parte que había transmitido la propia empresa y a la representación de la empresa”, aunque le ha realizado “un llamamiento a que reconsidere la posición y actitud porque esta empresa es muy importante para la ciudad, no solamente por lo que implica del número de empleos, sino también, y lo que es fundamental, porque forma parte del ecosistema industrial que hay en Córdoba y en Andalucía”. En este sentido, ha recalcado que es “un ecosistema que tiene que aspirar a ir a más, no a menos”.
Según ha explicado, “sí ha comprometido el CEO que no se va a perder un solo puesto de trabajo”, sino “todo lo contrario”, de forma que “consideran que van a aumentar el número de trabajadores, en este caso indirecto, que estén asociados a la empresa”, ha subrayado Montero.
Pese a ello, considera “fundamental que haya un acuerdo en el marco del convenio colectivo, del diálogo social”, y que “la inversión de 87 millones, que significa mucha modernización de la totalidad del tejido productivo, se pueda mantener y replantear”.
El papel de mediación y la polémica con la Junta
Respecto a las palabras de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, que habló de “falta de lealtad entre instituciones” por el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno hubiera “convocado una reunión” este lunes con el CEO apenas “dos horas antes” del encuentro fijado “desde la semana pasada” por la Junta y el Ayuntamiento —en el que, según la consejera, “tenía que estar también la Subdelegación del Gobierno”—, Montero ha asegurado que no puede “enterder cómo alguien puede pensar que hay una falta de lealtad”.
En esta línea, ha destacado que “el Gobierno de España, entre otras cosas, está dando subvenciones a esta empresa en particular, se preocupa y se ocupa de que la empresa mantenga la inversión inicialmente prevista porque eso supone una mayor fortaleza de esa industria, una mejor sostenibilidad para el futuro y, por tanto, una apuesta por Andalucía y Córdoba”.
Ha añadido que “también cuando uno está intentando mediar en un conflicto que se prolonga por un año entre los trabajadores y la empresa para que lleguen a unas condiciones adecuadas que permita que el clima laboral, el clima social de la empresa, favorezca el avance y el desarrollo de esta empresa”, ha enfatizado, para remarcar que “deslealtad sería no intentar nada cuando hay una situación de este tipo”.
A su entender, “da la impresión de que utilizan los adjetivos mal, no es que piensen que es deslealtad, es que parece que les da coraje que el Gobierno de España intervenga en los asuntos que son importantes para Andalucía”. Y ha añadido: “es que parece que hay que pedir permiso permanentemente para hablar con alguien, como si Andalucía le perteneciera a una institución, en este caso a la Junta de Andalucía”, ha expuesto Montero, quien ha reiterado que no puede “enterder cómo se puede acusar de deslealtad a alguien que está intentando solucionar el problema y el conflicto”.
En paralelo, ha defendido que todas las administraciones deben mantener contactos con la compañía, asegurando que le parece positivo que “la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y todo el mundo se reúna, porque hay que llevar al ánimo de la empresa la importancia que tiene esta fábrica”. No obstante, ha precisado que ella no acusa a “nadie de deslealtad” y ha concluido que “me parece gratuito, poco oportuno y poco deportivo que se puedan hacer esas acusaciones”.