La Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana han decidido coordinarse y presentar un frente común para exigir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación actuaciones extraordinarias ante la grave situación que vive el campo por la falta de soluciones eficaces contra las plagas que están dañando cultivos hortofrutícolas como la lechuga y los cítricos.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto con sus homólogos de las otras dos comunidades, ha enviado una carta conjunta al ministro Luis Planas en la que reclaman “una reunión urgente y la adopción de soluciones excepcionales”, según ha explicado la propia Rubira.
La responsable regional ha recalcado que “se trata de una situación límite que está teniendo consecuencias catastróficas para los cultivos. Hablamos de pérdidas de hectáreas, pero también de la pérdida de puestos de trabajo”.
En la misiva, las tres autonomías advierten de que la retirada paulatina de sustancias activas, unida al impacto del cambio climático y al aumento de las exigencias comerciales, está comprometiendo seriamente la producción y la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas. “Tanto el Gobierno regional como el sector agrícola necesitamos respuestas”, subraya la consejera.
Asimismo, las comunidades reclaman que se activen con rapidez los instrumentos de emergencia contemplados en la normativa europea, de forma que se puedan conceder autorizaciones excepcionales cuando exista un riesgo grave para la producción, según ha señalado el Gobierno regional en un comunicado.
En este sentido, Rubira ha puesto el acento en la necesidad de que “expliquen por qué si otros países de la Unión Europea como Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Eslovenia o Francia han autorizado excepcionalmente el uso de productos que permitan combatir las plagas por parte de sus agricultores, el Gobierno de España niega a nuestros productores poder utilizar este producto para combatir las plagas”.
La consejera ha alertado de que este escenario provoca “un agravio comparativo y una pérdida de competitividad” y ha insistido en la importancia de “garantizar que el sector agrícola disponga de las herramientas necesarias para mantener su rentabilidad y competitividad en igualdad de condiciones con otros Estados miembros”.