El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, José Mari Aierdi, ha declarado que el Marco Financiero Plurianual propuesto por la Comisión Europea representa una «inquietante amenaza» para la agricultura y el desarrollo rural.
En respuesta a las acusaciones de UPN, quienes afirmaron que Aierdi «negó tajantemente» un posible recorte en la PAC, el consejero aclaró que «no sólo es incierto que este consejero garantizara el actual presupuesto y el mantenimiento de los dos pilares, sino que precisamente ante esta amenaza impulsó un acuerdo con el sector planteando estas demandas que fue ratificado luego por todos los grupos parlamentarios, incluido UPN». Además, lamentó que se intentara «introducir grietas en el acuerdo con el sector por intereses políticos».
Según Aierdi, la propuesta inicial de la presidenta Ursula von der Leyen, aunque aún faltan detalles por analizar, dista mucho de la postura consensuada en Navarra el 17 de junio, día en que se firmó un acuerdo con las organizaciones agrarias, ratificado por unanimidad en el Parlamento de Navarra.
El consejero criticó que el presupuesto europeo para el sector agrario de 300.000 millones de euros represente una reducción de más del 20% en comparación con el periodo actual y expresó preocupación por la posible dilución del segundo pilar de la PAC en otras partidas presupuestarias. «Esto choca frontalmente con las cuestiones esenciales que se planteaban en el acuerdo alcanzado con el sector en Navarra (puntos 2, 3 y 4) y, además, la primera propuesta del MFP no es en absoluto coherente con la consideración estratégica del sector primario que el propio comisario Christophe Hansen planteaba en su visión para el futuro de la agricultura y la alimentación el pasado febrero», añadió Aierdi.
Aierdi concluyó diciendo que desde Navarra se opondrán a esta propuesta y la llevarán tanto al Ministerio como a las instancias europeas. Remarcó la importancia de considerar este borrador en su contexto y aseguró que el Gobierno de Navarra exigirá la participación activa de las Comunidades Autónomas en las negociaciones para garantizar un presupuesto específico y suficiente que responda a los desafíos del sector.