QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La propuesta de revisión del financiamiento en Cataluña representa un posible obstáculo para la estabilidad fiscal del gobierno español, tal como lo expone un análisis de Morningstar DBRS.
Según el informe, el traspaso de la recaudación de tributos esenciales -como el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y el impuesto de sociedades- a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) podría resultar en una reducción de los ingresos del Estado central, estimada entre el 0,4% y el 1,5% del PIB, variando según cómo se implemente la medida.
Este recorte en los recursos podría limitar la habilidad del Gobierno central para administrar las finanzas públicas de manera global y podría repercutir negativamente en el déficit consolidado si las comunidades autónomas no consiguen optimizar sus balances fiscales.
Morningstar DBRS señala que, aunque teóricamente un mejor balance fiscal regional debería neutralizar la pérdida de ingresos federales, en la práctica persiste el peligro de que los déficits de las comunidades autónomas no disminuyan. En tal escenario, el gobierno tendría que ajustar sus gastos o aumentar las cargas tributarias para alcanzar las metas de déficit.
El análisis también destaca que la reducción del control estatal sobre las finanzas regionales podría complicar la coordinación de políticas fiscales y la regulación del gasto público, especialmente si otras comunidades autónomas demandan unirse al nuevo esquema. La expansión de este modelo a múltiples regiones incrementaría el riesgo para la estabilidad fiscal del país.
Además, la reforma implicaría modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), un proceso parlamentario complejo que requiere consenso con otras regiones, muchas de las cuales podrían solicitar condiciones similares o compensaciones adicionales.
La transición técnica también supone un desafío: la ATC necesita fortalecer su capacidad para administrar y supervisar la recaudación, en colaboración con la Agencia Tributaria estatal, para prevenir el fraude y la doble imposición. Se anticipa que este proceso, que podría comenzar en 2026, será largo y lleno de incertidumbres.
El informe de Morningstar DBRS concluye que, si bien la reforma podría beneficiar a Cataluña, el Estado central enfrenta riesgos fiscales y políticos significativos que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin mecanismos de control y coordinación adecuados.
