El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en su sesión de este martes, al anteproyecto de Ley de Administración Abierta. Esta iniciativa legislativa incluye, entre varias disposiciones, la obligación para los competidores en licitaciones públicas de adherirse a un ‘pacto de integridad’ y la implementación de auditorías ciudadanas para el control de varios contratos firmados con la Administración.
Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo, Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, mencionó que estas auditorías ciudadanas se coordinarán con el Ministerio de Hacienda, destacando su valiosa colaboración en este proceso.
En detalle, la nueva ley permitirá la colaboración ciudadana junto a la Intervención General del Estado (IGAE) en la supervisión de políticas, actuaciones o entidades del ámbito público estatal.
Además, los ‘pactos de integridad’ permitirán a las entidades públicas exigir a los oferentes que incluyan, como requisito para participar en las licitaciones, el compromiso de firmar estos pactos para prevenir y combatir la corrupción, y de someterse a la supervisión de todas las etapas del proceso por parte de las auditorías ciudadanas.
El anteproyecto se alinea con recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y el GRECO, y marca un avance en la agenda del Gobierno de España que incluye el Plan de Acción por la Democracia y la lucha contra la corrupción, entre otros. La propuesta legislativa continuará su proceso de consultas antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación final y posterior envío a las Cortes.