Nuevas regulaciones para la emisión de certificados energéticos en edificaciones

El Gobierno, tras la solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha dado luz verde a un Real Decreto que modifica el anterior Real Decreto 390/2021. Esta modificación busca actualizar los criterios sobre quiénes pueden ser considerados técnicos competentes para certificar proyectos, obras concluidas y edificaciones existentes.

Esta nueva disposición busca expandir el campo de la certificación energética de edificios, incrementando el número de profesionales calificados para emitir dichos certificados y las posibilidades para las compañías de servicios energéticos, beneficiando tanto a consumidores como a la economía en general.

Hasta el momento, la emisión de estas certificaciones estaba restringida a aquellos técnicos con titulaciones académicas y profesionales específicas que los habilitaban para funcionar como proyectista, director de obra o director de ejecución, de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).

Esta restricción ha sido considerada una barrera excesiva e inapropiada -la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y varias asociaciones y colegios profesionales comparten esta visión-, que limitaba la competencia en el mercado sin garantizar la calidad de los certificados.

Por lo tanto, se mantendrá la emisión exclusiva del certificado a los titulados por la LOE, principalmente arquitectos e ingenieros, en casos de proyectos de edificación. Para obras terminadas y edificaciones existentes, se habilitará a otros profesionales, siempre y cuando posean los conocimientos necesarios, que podrán obtenerse a través de cursos de formación específicos. El Ministerio proporcionará más detalles sobre estos cursos basados en la titulación de los interesados.

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas serán las encargadas de acreditar a las personas que deseen convertirse en técnicos competentes y que hayan completado la formación adecuada, mediante el registro de una declaración responsable que tendrá validez en todo el territorio nacional.