El nuevo Consejo Asesor de Vivienda se pone en marcha a partir de mañana

El Consejo Asesor de Vivienda, esencial para políticas de vivienda, comienza a operar mañana según el BOE.

(i-d): La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas. Alberto Ortega - Europa Press

Según lo anunciado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes, el Consejo Asesor de Vivienda, un organismo consultivo clave para las políticas estatales de vivienda, comenzará sus funciones a partir de mañana. Este órgano tiene como propósito garantizar la inclusión de diversos actores sociales en la creación y ejecución de políticas de vivienda.

El Consejo Asesor actuará como un foro técnico para la reflexión y el diálogo con los diferentes actores y sectores implicados, con el fin de enfrentar los retos sociales vinculados al sector de la vivienda. Además, ofrecerá asesoría sobre los planes y programas estatales que afecten directamente al sector, y sugerirá medidas para simplificar y armonizar las regulaciones en esta materia.

Entre sus responsabilidades también se encuentra la propuesta de estrategias para asegurar un stock adecuado de viviendas, tanto públicas como privadas, disponibles para alquiler, compra o cesión de uso. El Consejo buscará fomentar la colaboración entre el sector público y privado y proponer iniciativas para abordar los grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales del sector. Adicionalmente, podrá brindar asesoramiento en diversas áreas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, en línea con las normativas nacionales e internacionales.

Como se especifica en el BOE, la operación del Consejo Asesor de Vivienda no supondrá un aumento del gasto público. Su estructura y funcionamiento serán gestionados con los recursos del Ministerio de Vivienda, que podrá solicitar los estudios e informes necesarios para sus labores.

La presidencia del Consejo estará a cargo del titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y contará con miembros de entidades del tercer sector, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de propiedad urbana, entidades financieras, y expertos del sector de la vivienda y académicos. Los miembros electivos servirán por un periodo de dos años, con la posibilidad de renovación.

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