La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha celebrado la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a Airbnb por anunciar alojamientos sin licencia, entre otras irregularidades. Al mismo tiempo, Asufin ha remarcado que “las plataformas intermediarias no pueden tener sólo beneficios y ninguna responsabilidad”, subrayando que la multa supone “un aviso para navegantes”.
La empresa sancionada ha comunicado que recurrirá la resolución al entenderla “contraria al marco legal español y europeo”, y ha insistido en que mantiene una colaboración activa con el Ministerio de Vivienda desde la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, de la nueva regulación sobre alquileres de corta duración.
“La obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestran el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas”, ha defendido Airbnb.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha recordado que se trata de la segunda mayor multa impuesta por una autoridad de consumo en España, solo por detrás de los 108 millones de euros sancionados a Ryanair.
Para la OCU, el refuerzo del control sobre el alquiler turístico es una noticia positiva, aunque alerta de que el problema del acceso a la vivienda no se resolverá únicamente endureciendo las reglas sobre los arrendamientos temporales. “La raíz del problema está en el desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta que se reduce”, ha señalado la organización.
En esta línea, reclama medidas que “garanticen a los pequeños propietarios la recuperación de su vivienda en caso de impago en plazos razonables”, reservando la suspensión de desahucios a supuestos excepcionales de vulnerabilidad acreditada y con compensaciones rápidas y eficaces.
Asimismo, plantea incentivos fiscales para quienes destinen sus inmuebles a alquileres de larga duración a precios asequibles, junto con un sistema sólido de protección a los hogares vulnerables que “no reduzca la oferta ni dispare las rentas”.
En cuanto a Asufin, su presidenta, Patricia Suárez, ha indicado que Airbnb ha sido sancionada por “hacer una intermediación sin asumir ningún tipo de responsabilidad ni ejercer una labor de mínimo control de aquello que anuncia”, y ha valorado de forma favorable la actuación del Ministerio de Consumo.
También se ha pronunciado el consejero delegado y presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, quien ha considerado “adecuada” la sanción a Airbnb, recordando que la compañía ya había sido advertida en “varias ocasiones”.
El directivo ha alertado, además, de que España “tiene un problema muy grande, que es la necesidad de combatir la ilegalidad”, una situación que, a su juicio, afecta tanto al alquiler vacacional como a los hoteles, los 'party boats', los taxis pirata o los “pseudoguías” turísticos sin acreditación.
Sanción de Consumo y motivos
Las vulneraciones de la normativa de consumo —detectadas en 65.122 anuncios publicados en Airbnb y que han derivado en la sanción— se basan en prácticas comerciales desleales hacia los consumidores.
En particular, Consumo ha señalado la difusión de anuncios de viviendas turísticas sin licencia, incumpliendo lo exigido por la mayoría de las regulaciones autonómicas, que obligan a mostrar el número de registro en toda la publicidad.
El Ministerio también ha identificado anuncios con números de licencia o registro falsos o incorrectos, además de ofertas sin información veraz sobre la condición jurídica de los anfitriones, lo que se considera publicidad engañosa.
Por estos hechos, se ha fijado una multa por infracción grave de 64.055.311 euros, cuantía que, según Consumo, equivale “a seis veces el beneficio ilícito” obtenido por Airbnb gracias a estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento del Ministerio hasta la retirada de los anuncios.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había avalado con anterioridad la orden de retirada de los anuncios dictada por Consumo mediante distintos autos.