La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha lamentado que, transcurrido casi un año, ni el Gobierno ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hayan aclarado quiénes fueron los responsables del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, algo que considera “imprescindible” para que los consumidores puedan recibir una compensación adecuada.
Durante su intervención ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el apagón, Izverniceanu denunció que “todos los actores del sector han evitado asumir responsabilidades, haciendo creer a la ciudadanía que el apagón no fue culpa de nadie”. A su juicio, esta falta de asunción de culpas ha permitido que las distribuidoras rechacen la mayoría de las reclamaciones, escudándose en que no les corresponde responder por el incidente.
Como consecuencia, la mayoría de los afectados continúa sin percibir indemnización por los daños sufridos, ya se trate de desperfectos materiales, pérdida de bienes, interrupción de servicios contratados o perjuicios económicos derivados, pese a la envergadura del suceso.
Izverniceanu recordó que el RD 1955/2000 establece la obligación de compensar de forma automática a los consumidores cuando se producen cortes de suministro que superan los niveles de calidad exigidos. Estas compensaciones deben abonarse antes del 31 de marzo, pero, según advirtió, millones de hogares siguen sin ver reflejada cantidad alguna ni una explicación clara en su factura sobre la aplicación de dichas devoluciones.
Subrayó, además, que estas compensaciones automáticas no anulan otros derechos de los usuarios, y que los consumidores pueden y deben reclamar por los daños adicionales que hayan sufrido.
La portavoz de OCU incidió en que el apagón afectó a la práctica totalidad de la población, ocasionando pérdidas económicas, daños en viviendas y situaciones de riesgo vital. Recalcó que el episodio supuso un incumplimiento directo del derecho a la garantía del suministro eléctrico recogido en el artículo 7 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Operación reforzada y aumento de costes en la factura
Por otro lado, Izverniceanu explicó que, desde el apagón, el operador del sistema mantiene reforzados los servicios de ajuste por restricciones técnicas. Estas medidas preventivas han encarecido la factura de la luz, con un sobrecoste medio estimado de 20,71 euros para los hogares acogidos al PVPC (tarifa regulada) y de 21,16 euros para los clientes del mercado libre en los meses posteriores al incidente, un incremento vinculado a unas actuaciones que continúan vigentes ante la ausencia de conclusiones oficiales.
La representante de OCU valoró la respuesta del sector eléctrico como “extraordinariamente negativa” y reprochó a las compañías la falta de transparencia y de asunción de responsabilidades. También criticó que la CNMC no haya presentado aún un informe concluyente y que su labor haya sido “demasiado técnica y poco visible para el consumidor”, mientras que el Gobierno no ha impuesto sanciones pese a la gravedad de lo ocurrido.
En este contexto, reiteró la urgencia de reformar el marco regulatorio para actualizar el sistema de compensaciones, establecer mecanismos eficaces de resarcimiento, poner en marcha vías ágiles de resolución de conflictos y aprobar sin demora una Ley de Acciones Colectivas que permita a los afectados reclamar con mayores garantías.