OCU y Facua alertan sobre el posible aumento de costes por la atención en lenguas cooficiales

Este jueves, representantes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua-Consumidores en Acción han expresado en el Congreso sus preocupaciones respecto a la reforma legal acordada entre Junts y el Gobierno. Esta medida exige que las grandes empresas ofrezcan atención al cliente en las lenguas cooficiales, lo cual, advierten, podría incrementar los costes empresariales y afectar económicamente a los consumidores.

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu de la Iglesia, y el secretario general de Facua, Rubén Sánchez García, han participado en la Comisión de Consumo y Derechos Sociales de la Cámara Baja para discutir sobre esta ley que se encuentra en proceso de aprobación y que el próximo martes 21 de octubre avanzará en su tramitación parlamentaria.

La reforma, que incluye la prohibición de las llamadas ‘spam’ y la nulidad de los contratos realizados mediante llamadas comerciales no consentidas, también propone que empresas con más de 250 trabajadores y más de 50 millones de euros de facturación, o que brinden servicios de interés general, deberán ofrecer atención al cliente en todas las lenguas cooficiales, sin importar su ubicación geográfica.

Por otro lado, miembros del PP y Vox en la comisión han cuestionado esta reforma. «Nos tememos que si obligamos a todas las empresas, aunque residan en otra comunidad en la que no hay agua cooficial, a atender 24/7 en un idioma que no es cooficial en esa comunidad, al final ese coste se va a repercutir al consumidor», declaró la representante de OCU. Además, Ileana Izverniceanu de la Iglesia señaló que en OCU no existe ningún informe que respalde la necesidad o demanda de los consumidores para ser atendidos en todas las lenguas cooficiales en el territorio nacional.

En contraparte, Rubén Sánchez de Facua reconoció que la medida podría generar empleo al requerir personal bilingüe en las comunidades autónomas correspondientes, aunque también reconoció que podría incrementar los costes para ciertas empresas. Finalmente, José Francisco Rodríguez García, presidente de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes, criticó duramente la ley, argumentando que establece requisitos poco realistas y perjudiciales para las empresas.