La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una iniciativa para combatir y oponerse a los cobros “abusivos” impuestos por algunas agencias de arrendamiento a los inquilinos por servicios no requeridos, como son los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contratos, que deberían ser asumidos por el arrendador desde mayo de 2023, de acuerdo a los cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos impulsados por la Ley del derecho a la vivienda.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aclarado que las agencias no pueden cobrar a los arrendatarios por la intermediación en los servicios para la firma del contrato de arrendamiento, a menos que estos servicios se hayan pedido explícitamente y aceptado en un contrato separado del de arrendamiento, donde deben detallarse de manera clara y transparente.
Hace un año, la OCU presentó una queja ante el Ministerio de Consumo contra Alquiler Seguro por cobros irregulares a los arrendatarios, una acción que el ministerio ha considerado para revisar estos abusos. En marzo, se reveló que se había iniciado un proceso sancionador contra una importante agencia inmobiliaria por posibles prácticas desleales, mencionando tres tipos de cobros irregulares identificados en la denuncia de OCU a Alquiler Seguro.
La OCU ha pedido al Ministerio que imponga sanciones a esta agencia investigada, “acorde a los beneficios ilícitos obtenidos”, y advierte que si las irregularidades son graves, las multas podrían ser de seis a ocho veces ese beneficio. Además, desde la organización se invita a los afectados a sumarse a la campaña para reclamar una devolución de los pagos, destacando cómo estas prácticas incrementan las dificultades para acceder a viviendas de alquiler.