QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una iniciativa para combatir y oponerse a las tarifas «abusivas» impuestas por ciertas agencias de alquiler a los inquilinos, incluyendo costes de gestión inmobiliaria y formalización de contratos, que deberían ser asumidos por el arrendador desde mayo de 2023, tras las modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley del derecho a la vivienda.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado que las agencias no están autorizadas a cobrar a los arrendatarios por servicios de intermediación en la firma del contrato de arrendamiento, a menos que estos servicios sean expresamente solicitados y/o aceptados mediante un acuerdo separado, donde deben estar claramente detallados.
Hace un año, la OCU presentó una queja contra Alquiler Seguro al Ministerio de Consumo por cargos irregulares a inquilinos, lo que llevó a la apertura de un expediente sancionador en marzo contra una conocida agencia por supuestas prácticas abusivas, incluyendo la gestión de arrendamientos, imposición de seguros y contratación de servicios no requeridos, tal como indicaba la denuncia de OCU.
Además, la OCU ha pedido al Ministerio que imponga sanciones a esta agencia, «acorde a los beneficios ilícitos obtenidos», y recuerda que, de ser consideradas graves las infracciones, las multas podrían ser de seis a ocho veces los beneficios obtenidos de forma indebida. Desde la OCU también se anima a los afectados a sumarse a la campaña para reclamar la devolución de los pagos indebidos, destacando cómo estas prácticas abusivas dificultan el acceso a la vivienda en alquiler.
