La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) regresa esta semana al Parlamento Europeo para exponer ante la Comisión de Peticiones la situación de los pequeños propietarios españoles afectados por la okupación.
Para la organización, se trata de un fenómeno que, aunque minoritario en cifras, tiene consecuencias graves para quienes son pequeño propietarios y deben asumir gastos que no siempre pueden sostener. Según la plataforma, el problema ha aumentado desde la pandemia, especialmente por la paralización de los desahucios, que durante años ha dejado a muchos propietarios sin poder recuperar sus inmuebles.
La batalla de los datos
El presidente de PAO, Ricardo Bravo, insiste en que las estadísticas oficiales ofrecen una visión parcial. “El último dato disponible es de 2024, con 16.426 denuncias, pero no incluye mediaciones ni casos civiles como los ‘precarios’ o la 'inquiokupación'”, explica. Según sus estimaciones, estos casos podrían alcanzar los 80.000, en línea con informes como el del Institut Cerdà, que cifró en 78.800 las viviendas ocupadas.
Para Bravo, el dato más relevante no son los números, sino quién está afectado: pequeños propietarios que en muchos casos son particulares con pocos recursos y que se ven obligados a asumir cargas económicas que deberían ser atendidas por la administración o por mecanismos de apoyo público.
Según Bravo, el decadimiento del Real Decreto-ley ómnibus, donde Junts ha sido determinante -de hecho la PAO mantuvo un encuentro con Carles Puigdemont- ha marcado un punto de inflexión. “Con el fin de este decreto, los tribunales están empezando a fijar fechas para los juicios y las familias están empezando a recuperar sus viviendas”, explica.
La plataforma reconoce que aún es pronto para elaborar estadísticas precisas, pero apunta que la sensación general es de avance, una vez que ha caído el RDL que frenaba los desahucios. En este sentido, Bravo enfatiza que su objetivo no es cuestionar la protección a los más vulnerables, sino que esta no recaiga sobre los propietarios, evitando que quienes ya soportan gastos importantes terminen en situaciones de vulnerabilidad también.
la vivienda social en españa
Según datos del Banco de España, desde 2018, la construcción de vivienda social en España ha sido limitada si se compara con otros países europeos. Entre 2018 y 2023, el promedio anual de viviendas protegidas terminadas fue de alrededor de 8.500 unidades.
El repunte más notable se produjo en 2024, con 14.371 viviendas calificadas definitivamente, la cifra más alta en una década, y un incremento del 62 % respecto al año anterior, según cbre, una compañía estadounidense especializada en servicios e inversiones inmobiliarias. Esta tendencia -apunta- refleja un impulso en la promoción de vivienda protegida tras la pandemia, aunque sigue siendo insuficiente frente a la demanda.
Según esta misma compañía, el reparto geográfico es muy desigual. Madrid concentró casi la mitad de las viviendas protegidas terminadas en 2024, seguida de Cataluña y el País Vasco, mientras que regiones como Murcia, Cantabria o La Rioja apenas registraron unidades. Datos de la ocu indican que entre 2019 y 2024, de las más de 60.000 viviendas construidas, Madrid aportó cerca del 42%, Cataluña 16% y País Vasco 12%.
A pesar del aumento, España sigue por debajo de la media europea en vivienda social, con apenas el 2,5% del parque residencial frente al 9% europeo. Expertos y organismos como el Banco de España estiman que serían necesarias centenares de miles de unidades adicionales, especialmente de alquiler social, para acercarse a los niveles de otros países.
Dos posiciones diferentes
Además, Bravo denuncia la pérdida de interlocución con el PSOE, con quien mantuvieron contactos en Bruselas en 2024 y percibieron cierto interés por la situación de los pequeños propietarios. “En aquel momento, la ministra Isabel Rodríguez parecía consciente del problema, pero con el tiempo esta interlocución se ha ido diluyendo”, explica, añadiendo que a pesar de ello la plataforma continuará intentando el diálogo.
Frente a estas reivindicaciones, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mantiene que no existe una crisis generalizada de ocupación y que el foco debe estar en garantizar el acceso a la vivienda asequible.
Este contraste refleja la tensión entre la visión de los afectados, que reclaman soluciones rápidas y equilibradas, y la postura del Gobierno, centrada en políticas de protección social y regulación del mercado.