Ordinalidad para arriba, ordinalidad para abajo. ¿De qué hablan los políticos cuando hablan de ordinalidad? El término se ha hecho presente en el debate público en el marco de la negociación por un nuevo sistema de financiación autonómica.
¿Qué es la ordinalidad en la financiación autonómica?
La ordinalidad es un principio técnico que establece que las comunidades autónomas no deberían perder su posición relativa en recursos por habitante tras la redistribución del sistema de financiación.
En la práctica, significa que si una comunidad se sitúa entre las que más aportan al sistema no debería acabar por debajo de otras en financiación efectiva una vez aplicados los mecanismos de solidaridad.
No supone eliminar la redistribución entre territorios, sino poner límites a sus efectos para evitar desequilibrios considerados injustos por las regiones con mayor capacidad fiscal.
Un principio sin reconocimiento explícito en España
A diferencia de otros países federales, como Alemania o Canadá, el principio de ordinalidad no está recogido formalmente en el sistema español de financiación autonómica. Sin embargo, ha sido defendido históricamente por comunidades como Cataluña, Madrid o Baleares, al considerar que su incumplimiento penaliza el esfuerzo fiscal.
El actual modelo de financiación territorial ya ha sido objeto de críticas por generar situaciones en las que algunas comunidades aportantes terminan con menos recursos por habitante ajustado que otras con menor capacidad económica.
Por qué se cuestiona ahora
La polémica se ha reactivado tras la nueva propuesta del Gobierno para reformar la financiación autonómica, en un contexto marcado por las negociaciones con ERC y Junts.
Según denuncian varias comunidades autónomas, el Ejecutivo estaría dispuesto a flexibilizar o ignorar la ordinalidad para avanzar hacia un sistema singular para Cataluña o una financiación “a la carta”. Así, priorizaría acuerdos políticos frente a criterios homogéneos y comunes.
Estas críticas sostienen que el nuevo modelo podría provocar que algunas regiones aporten más al sistema pero pierdan posiciones relativas tras el reparto final.
Reacciones de las comunidades y del PP
Los gobiernos autonómicos del PP han hecho de la ordinalidad uno de sus principales argumentos contra la propuesta del Ejecutivo. Acusan al Gobierno de romper el principio de igualdad entre españoles, “trocear” el sistema común y utilizar la financiación autonómica como moneda de cambio política.
También comunidades de renta media y alta, incluso algunas gobernadas por el PSOE, han expresado reservas ante un modelo que debilite la corresponsabilidad fiscal.
La posición del Gobierno
El Ejecutivo evita asumir la ordinalidad como un principio rígido y defiende que:
-
La prioridad debe ser garantizar igualdad en el acceso a los servicios públicos esenciales
-
El sistema debe corregir factores como el envejecimiento, la dispersión territorial o la insularidad
-
La solidaridad interterritorial, recogida en la Constitución, no puede verse limitada por rankings fiscales
Desde Moncloa se insiste en que hablar de ordinalidad puede suponer blindar privilegios y dificultar la cohesión territorial.
Un debate con alto voltaje político
La ordinalidad se ha convertido en uno de los conceptos clave del nuevo choque territorial: simboliza el enfrentamiento entre solidaridad y corresponsabilidad fiscal. Mientras el Ejecutivo busca apoyos para sacar adelante la reforma de la financiación autonómica, la ordinalidad emerge como uno de los principales escollos políticos y técnicos de un sistema que lleva más de una década pendiente de renovación.
¿Alguien defiende la ordinalidad?
La ordinalidad es un principio que frecuentemente se invoca pero que nadie quiere firmar. Como hemos visto, parte de una idea sencilla: que una comunidad no pierda posiciones relativas tras la redistribución del sistema. No elimina la solidaridad, pero la acota.
En los manuales de federalismo fiscal, este principio aparece como un mecanismo de legitimación: si quien más aporta acaba sistemáticamente peor situado, el sistema se erosiona:
- Cataluña: de bandera histórica a concepto prescindible
Durante años, la ordinalidad fue una reivindicación central de Cataluña. El Estatut de 2006 la incorporó como principio orientador, aunque sin efectos jurídicos plenos. En aquel momento, la Generalitat buscaba corregir lo que consideraba una penalización estructural dentro del sistema común. Hoy, sin embargo, la ordinalidad ha dejado de ser prioritaria para ERC y Junts. Su objetivo ya no es mejorar su posición dentro del sistema, sino salir de él o avanzar hacia un modelo singular. En ese contexto, la ordinalidad pierde utilidad política: solo tiene sentido si se acepta el marco común. - Madrid y el PP: la ordinalidad como argumento, no como modelo
Madrid se ha erigido en una de las voces más críticas con el sistema actual. Denuncia que aporta más y recibe menos, y cita la ordinalidad como ejemplo de injusticia. Pero su defensa es retórica, no estructural. Nunca ha liderado una propuesta técnica que incorpore este principio de forma normativa.
El PP, por su parte, ha hecho de la igualdad territorial su bandera, pero evita fijar reglas rígidas que puedan generar conflictos internos entre comunidades gobernadas por el propio partido. La ordinalidad sirve para criticar al Gobierno; no para diseñar un sistema alternativo. - El Gobierno: rechazo explícito
El Ejecutivo ha optado por desactivar el debate. Considera que la ordinalidad introduce “rankings” territoriales y limita la solidaridad interautonómica. Su discurso se centra en garantizar niveles equivalentes de servicios públicos, incluso a costa de alterar posiciones relativas. Desde Moncloa se percibe la ordinalidad como un principio políticamente peligroso: obliga a explicar ganadores y perdedores y reduce el margen de negociación con los socios parlamentarios. - Comunidades intermedias: el silencio interesado.
Las comunidades de renta media viven una contradicción estructural. Necesitan más recursos, pero temen un sistema percibido como injusto. Defender la ordinalidad estricta podría suponer perder financiación neta. El resultado es un discurso prudente, cuando no ambiguo, que evita liderar el debate. - Los únicos defensores coherentes: los expertos.
Paradójicamente, quienes más defienden la ordinalidad son quienes menos poder tienen para imponerla. Economistas, académicos y organismos técnicos coinciden en que algún tipo de ordinalidad —flexible, parcial, no absoluta— mejoraría la transparencia y la aceptación social del sistema. Pero la técnica choca con la política. La ordinalidad reduce discrecionalidad, fija límites y obliga a asumir costes. Y en un sistema altamente politizado, eso es exactamente lo que nadie quiere.
Así las cosas, la ordinalidad es un principio condenado a reaparecer periódicamente en el debate de la financiación territorial aunque, incluso, se evite explícitamente hablar de ella por su nombre. Alinearse con este principio, ya sea desde las izquierdas o desde las derechas, puede resultar impopular, de ahí su uso frecuente como arma arrojadiza contra el adversario político.