El ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha reiterado este jueves que la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) se aplicará “tan pronto como sea posible”, dando cumplimiento al compromiso alcanzado con las organizaciones sindicales.
López, en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, respondió así al ser cuestionado por el enfado de CCOO y UGT después de que Función Pública les comunicara en una reunión que lo “idóneo” para poner en marcha esta medida sería aguardar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, con el objetivo de que la jornada de 35 horas en la AGE quedara recogida con rango de ley.
“Nosotros estamos hablando con los sindicatos. Este es un acuerdo que vamos a cumplir (...) Las 35 horas es uno de los puntos que está pactado con ellos, y como digo, tan pronto como sea posible la pondremos en marcha como el resto de puntos del acuerdo”, ha afirmado el ministro.
López ha recalcado que, dentro de ese pacto con las centrales sindicales, la prioridad inicial fue “dignificar” el salario del personal al servicio de las administraciones públicas. “Y lo hemos cumplido de forma inmediata”, ha añadido.
“En el mes de diciembre vieron cómo se hacía una actualización y este mes de enero, cuando llegue la nómina, más de 3 millones de servidores públicos en nuestro país van a ver un incremento del 4%. Y eso ha sido un acuerdo que alcanzamos con todos los sindicatos, UGT, CCOO y CSIF. Y dentro de ese acuerdo, además de esa subida salarial, hay otros aspectos, como las 35 horas, que se aplicarán tan pronto como sea posible”, ha insistido.
El Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos reclamaron ayer al Ministerio de Función Pública “garantías” para que la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado AGE se ponga en marcha entre febrero y comienzos de marzo.
Las organizaciones sindicales rechazaron que la aplicación de esta jornada reducida pueda posponerse por la voluntad del Ejecutivo de aguardar a los PGE de 2026 para incorporarla mediante una norma con rango de ley, ya que, a su juicio, eso implicaría demorar innecesariamente su entrada en vigor.
Ambos sindicatos avisaron de que, si en la próxima reunión, fijada para el miércoles 28 de enero, el Gobierno no ofrece “certezas y avances”, estudiarán la posibilidad de iniciar las actuaciones que consideren “oportunas”.