QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha pronunciado este jueves sobre las críticas del PP al fichaje de Andoni Ortuzar por el consejo de administración de Movistar+, plataforma de Telefónica, compañía en la que el Estado mantiene alrededor de un 10% del capital. López ha enmarcado la polémica en la confrontación política habitual y ha señalado que es “bastante normal” que al PP “no le guste algo”.
Preguntado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial, el ministro ha subrayado que “Telefónica es una empresa privada en la que participa el Gobierno, por supuesto, y que no le guste algo al Partido Popular es bastante normal”, evitando extenderse más sobre la controversia generada por la incorporación del expresidente del PNV a la compañía.
El nombramiento de Ortuzar se conoció el miércoles, cuando trascendió que Telefónica había decidido incorporarle al consejo de administración de Movistar+. El dirigente nacionalista encabezó el PNV desde comienzos de 2013 hasta el pasado mes de marzo, etapa en la que se consolidó como una de las figuras más relevantes de la política vasca.
Tras hacerse pública la operación, desde el PP se sucedieron las reacciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra el Ejecutivo y sus aliados al afirmar que al Gobierno y a sus socios “les une el amor por los sillones”. En su mensaje, difundido a través de sus redes sociales, la dirigente madrileña acusó a los partidos que sostienen al Ejecutivo de anteponer intereses particulares a los generales.
Ayuso sostuvo que “esta coalición no va a romper porque a los socialistas, a la derecha nacionalista vasca, a la izquierda bilduetarra, a los independentistas catalanes, de izquierda a derecha, les une el amor por intereses privados, la colonización de empresas y los sillones en instituciones públicas”, reprochando lo que considera un reparto de cargos entre las formaciones que apoyan al Gobierno central.
La presidenta madrileña añadió, en la misma línea, que mantienen un pacto “sin principios, sin convicción por nada más que el dinero y el poder”, y criticó que, a su entender, el país esté dirigido por “una mafia de minorías a costa de todos los españoles”. Sus declaraciones se enmarcan en la ofensiva del PP contra la presencia del Estado en el accionariado de Telefónica y en la denuncia de supuestas injerencias políticas en grandes empresas.
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, también intervino en el debate cuestionando el papel del Ejecutivo en la teleco. “¿Para esto quería entrar el Gobierno en Telefónica?”, se preguntó en la red social X, donde acompañó su comentario con el enlace a la información sobre el fichaje de Ortuzar para el consejo de administración de Movistar+.
Las críticas al nombramiento no procedieron únicamente del Partido Popular. EH Bildu se sumó a las reacciones y llamó a “combatir el amiguismo y el chanchullismo” tras conocerse que el expresidente del PNV se incorporará al órgano de gobierno de Movistar+. La formación soberanista censuró con dureza este tipo de movimientos entre la política y el sector privado.
Fuentes de EH Bildu denunciaron que “el clientelismo, el enchufismo y las puertas giratorias” constituyen “un grave problema para Euskal Herria”. Consideran que estos casos reflejan un patrón reiterado de relaciones privilegiadas entre determinados partidos y las empresas, que a su juicio deteriora la confianza en las instituciones.
En la misma valoración, sostuvieron que, a su juicio, “estas prácticas políticas no son éticas” y generan “un profundo hartazgo en la ciudadanía”. Desde la coalición abertzale insisten en que este tipo de fichajes alimentan la percepción de que los cargos públicos pueden obtener después posiciones ventajosas en el sector privado.
“En esta parte del país es por todos sabido que contar con el carné de determinado partido político facilita el acceso a ciertos puestos de trabajo”, añadieron fuentes de EH Bildu, que reclaman medidas para limitar las denominadas puertas giratorias y reforzar los controles sobre la relación entre responsables políticos y grandes compañías.
