El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha puesto en valor que la tasa de temporalidad en la Administración General del Estado (AGE) se sitúa ya en el 4%, muy por debajo del 38,6% registrado en las entidades locales y del 38,8% en las comunidades autónomas.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, López ha admitido que España arrastra “un problema crónico” de temporalidad en el empleo público, aunque ha precisado que este fenómeno se concentra principalmente en las administraciones autonómicas, debido al tipo de personal que gestionan, ya que asumen fundamentalmente las competencias de sanidad y educación.
El titular de Función Pública ha insistido en que no responsabiliza a las comunidades autónomas de esta situación y ha recordado que ha mantenido negociaciones con ellas en el marco de la conferencia sectorial. “Es un problema de todos. Desde luego, el Gobierno le ha hecho frente con muchas más plazas, con mejores condiciones y estabilizando e insisto: que todo el mundo haga su trabajo, que lo hagan también las comunidades autónomas y también a los grupos parlamentarios”, ha enfatizado.
López ha rememorado que el Ejecutivo aprobó en 2021 una ley para combatir la precariedad en el empleo público y que, en el marco de ese compromiso, se acordó con Bruselas la estabilización de 300.000 puestos ocupados por personal interino. “Se han estabilizado 400.000”, ha destacado.
Asimismo, ha indicado que en estos momentos el Congreso de los Diputados tramita una nueva ley de función pública, que ya incorpora enmiendas transaccionales pactadas con distintos grupos parlamentarios.
“Yo espero, deseo y confío que este Congreso sea capaz de sacar adelante esa ley, de verdad que nos preocupa”, ha remarcado el ministro, apelando al respaldo de la Cámara.
En respuesta, la diputada de Podemos, Ione Belarra, ha avisado de que los apoyos de su grupo a la Ley de Función Pública únicamente estarán garantizados si se asegura “fijeza ya”.