Emiliano García‑Page, presidente de la Junta de Castilla‑La Mancha, aprovechó su intervención este viernes durante la apertura del Consejo Regional del Agua en Toledo, para advertir sobre el impacto de las decisiones del Gobierno central en las comunidades autónomas.
“Tengo que decir que las autonomías no hemos sido consultadas bajo ningún concepto en esta preparación. No, que sea ni obligatorio ni no lo sea, pero tengo que decir una cosa que me importa mucho: cuando se está hablando de tomar medidas en relación con los ingresos, es decir, con los impuestos, no somos una Administración cualquiera”, afirmó Page, señalando que decisiones adoptadas sin consulta podrían tener consecuencias económicas significativas.
Pérdida de ingresos
El presidente regional -explican fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha a este medio- recordó experiencias previas, como la crisis de Ucrania, que provocó que esta región "sufriera una pérdida de ingresos superior a 400 millones de euros debido a medidas centralizadas que no consideraron la situación autonómica".
Page subrayó que cualquier medida futura, especialmente las que se incluyan en el Real Decreto recientemente aprobado por el Gobierno, debe tener en cuenta las finanzas autonómicas. “Si se repercuten, las decisiones pueden afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”, advirtió, reclamando diálogo y coordinación antes de implementar nuevas políticas fiscales.
Su intervención en Toledo, recogida en imágenes por El Debate, refleja la creciente tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre cómo se toman decisiones económicas que afectan directamente a servicios públicos esenciales. La voz de Page resuena este viernes como un recordatorio de que la coordinación y la consulta previa son clave para evitar crisis financieras regionales.
¿Populismo energético?
Economistas como José María Rotellar, director del Observatorio Francisco de Vitoria, mantiene por su parte en exclusiva a Demócrata que, "las medidas del Gobierno de los decretos anticrisis sólo son apropiadas en la parte de bajada de impuestos, que copia al Partido Popular. El resto, son un disparate, como limitar el margen empresarial de las empresas del sector energético, así como las medidas de vivienda propuestas".
"Desde el esperpento del retraso en el inicio del Consejo de Ministros, por la negativa de los ministros de sumar a entrar, si no se incorporaban sus propuestas -señala Rotellar- hasta la elaboración de las mismas en dos decretos para incluirlas. Pero en el primer decreto, en el de la bajada de impuestos -indica-, va una barbaridad, que es poder limitar el margen empresarial y el beneficio de las empresas, en un mero intervencionismo perjudicial para la economía".
Por otra parte, el econonomista y profesor de la Universidad Hespérides, Santiago Calvo López, sostiene que el Gobierno acierta en la filosofía del escudo social: Bono Social, ayuda al térmico. Pero la prohibición de cortes de suministro a vulnerables tiene trampa -explica-, porque "si no hay compensación pública explícita a las distribuidoras, el coste se socializa vía tarifas y lo pagan el resto de los consumidores. No es una medida gratuita, es una medida que oculta quién la financia".
Añade Calvo López que, "lo que no es ni eficiente ni justo es la bajada generalizada del IVA de carburantes: subsidia a todos los conductores con independencia de su renta, pues engrosa márgenes de distribuidoras (como ya ocurrió en 2022) y destruye la señal de precios que el propio Gobierno dice necesitar para acelerar la transición energética. Es populismo energético", sentencia.
La reacción de CEOE
La patronal CEOE y Cepyme han reaccionado con dureza al paquete de medidas aprobado este viernes por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio. Ambas organizaciones han expresado su “profunda preocupación” por la inclusión, en el segundo real decreto-ley, de iniciativas en materia de vivienda que consideran ajenas al contexto de crisis y atribuyen a “una presión política incomprensible” dentro del propio Ejecutivo.
En concreto, rechazan frontalmente las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler, al entender que suponen una “injerencia injustificada” en el derecho a la propiedad privada y generan inseguridad jurídica. A su juicio, este tipo de intervenciones, incorporadas en un paquete de carácter extraordinario vinculado a la crisis energética y económica, pueden tener efectos contraproducentes: desincentivar la oferta, frenar la inversión y agravar los problemas de acceso a la vivienda.
Las organizaciones empresariales han señalado que analizarán en detalle el contenido del decreto una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, con el objetivo de evaluar su alcance y sus implicaciones tanto económicas como jurídicas. En este sentido, han reiterado la necesidad de que las políticas públicas refuercen la seguridad jurídica y se centren en responder a la situación de emergencia, evitando -según advierten- planteamientos intervencionistas que, sostienen, ya han demostrado su ineficacia.