El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha dejado claro que el Gobierno no volverá a adjudicar en una sola concesión los dos puertos del canal interoceánico que hoy administra la filial panameña del grupo hongkonés CK Hutchison Ports, Panama Ports Company (PPC), tras la anulación de su contrato por el Tribunal Supremo del país.
“No volverá a haber una concesión de dos puertos bajo una misma empresa, se va a dividir y se hablará”, sentenció Mulino en su habitual rueda de prensa semanal, marcando distancia con el modelo vigente desde finales de los años noventa.
Con este escenario, una vez culmine el periodo de transición que se activará en cuanto se ejecute el fallo del Supremo, el Ejecutivo panameño analizará qué fórmula jurídica y operativa será la más adecuada para definir el futuro de los dos puertos que hoy explota PPC.
El jefe del Estado subrayó la relevancia estratégica del proceso: “Para Panamá es muy trascendental y muy delicado el tránsito que estamos haciendo de los puertos regentados por la empresa PPC a los puertos que serán regentados pronto por la República de Panamá”, afirmó, antes de remarcar que Panamá es “un país digno” y “tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra”.
Aun así, Mulino reconoció que PPC “tiene todo el derecho a ir a arbitraje”, si bien descartó cualquier tipo de “hostigamiento” por parte de las autoridades panameñas hacia la compañía de capital chino.
La empresa activó el pasado miércoles un arbitraje internacional contra el Estado panameño tras la cancelación de su concesión, una decisión que justificó por la “campaña” que, a su juicio, el país habría dirigido contra su contrato y que, según la firma, se produce después de un año marcado por acciones “abruptas” que derivaron en “daños graves y daños adicionales” para sus intereses.
Siete días antes, la Corte Suprema había declarado inconstitucional el contrato, vigente desde 1997 y posteriormente prorrogado. Tras conocerse el fallo, la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China calificó la resolución como “jurídicamente absurdo, lógicamente defectuoso y absolutamente ridículo”.
Mulino respondió rechazando tajantemente el lenguaje empleado por el organismo chino. “La decisión de la Corte es única, es definitiva, es final, y toca acatarla. Si hubiera sido otra decisión, igual la hubiésemos acatado. Y a lo mejor entonces, si para China hubiera sido la mejor Corte Suprema del mundo”, afirmó, defendiendo la soberanía de la justicia panameña.