El Parlament de Catalunya ha ratificado este miércoles un decreto ley de medidas urgentes para actualizar la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), con el objetivo de prepararla para «las necesidades futuras de la Hacienda catalana», incluyendo la ampliación de sus funciones y la incorporación gradual de competencias en la gestión del IRPF.
La votación contó con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, mientras que Junts optó por la abstención y PP, Vox y AC expresaron su desacuerdo votando en contra. El decreto no avanzará hacia su tramitación como proyecto de ley.
Alícia Romero, consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, defendió el decreto en el pleno, señalando que este «incrementará de manera substancial el volumen y la complejidad de las funciones tributarias que debe asumir la agencia», además de otorgarle mayor autonomía para constituir nuevos cuerpos de profesionales tributarios.
JUNTS Y ERC
Toni Castellà, diputado de Junts, expresó su descontento por la expansión de la ATC sin la definición de un modelo de financiación particular para Catalunya, proponiendo un concierto económico: «El dinero que pagamos los catalanes debe revertir en servicios para los catalanes. Formar parte de España es, empíricamente, un mal negocio».
Por su parte, Albert Salvador de ERC, aunque apoyó la medida, advirtió a Romero sobre la importancia de cumplir con los compromisos establecidos, indicando que cualquier incumplimiento complicaría la gobernabilidad.
EL PP ESTUDIA LLEVARLO AL TC
Lorena Roldán, diputada del PP, anunció que su partido está considerando llevar el decreto ante el Tribunal Constitucional, describiendo la acción del Govern como un «abuso» de la figura del decreto ley.
Joan Garriga, portavoz de Vox, criticó duramente la propuesta, calificándola de «atentado contra la unidad de España y la igualdad de los españoles», y agregó que representa un riesgo para los catalanes por la tendencia de la Generalitat a confiscar y despilfarrar recursos.
APOYO DE COMUNS Y CUP
David Cid, de los Comuns, y Laure Vega, de la CUP, manifestaron su apoyo al decreto, destacando los beneficios de fortalecer la ATC y avanzar en la soberanía respectivamente.
CRÍTICAS Y APOYOS
Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, denunció el decreto como «el enésimo engaño» destinado a debilitar sus esfuerzos, mientras que Jordi Colom de PSC-Units resaltó la importancia del decreto como componente clave del nuevo sistema de financiación singular, apoyando su convalidación como un compromiso con la hacienda propia de Cataluña.