El Parlamento Europeo ha dado su aprobación este miércoles a la iniciativa de la Comisión Europea de suavizar las condiciones medioambientales requeridas para que las granjas accedan a los fondos de la Política Agraria Común (PAC), una medida que desde Bruselas se argumenta que facilitará la reducción de la carga administrativa para los agricultores.
Con 492 votos a favor, 111 en contra y 39 abstenciones, el texto aprobado solicita más flexibilidad y respaldo para que los agricultores se ajusten a las regulaciones actuales de la PAC. Este conjunto de medidas, denominado ‘Ómnibus III’ por Bruselas, tiene como objetivo minimizar las redundancias con las leyes nacionales y establece que las granjas orgánicas certificadas se consideren automáticamente en cumplimiento de ciertos requisitos medioambientales de la UE para la obtención de financiación.
El Parlamento ha rechazado una nueva forma de pago directo sugerida por la Comisión para los agricultores afectados por catástrofes naturales, aunque está de acuerdo con la introducción de un nuevo pago de crisis mediante los fondos de desarrollo rural de la UE. Esta asistencia financiera para situaciones de crisis debería ser obligatoria para los Estados miembros, incluyendo los brotes de enfermedades animales como eventos que podrían justificar esta ayuda.
Además, se propone disminuir el límite necesario para que los agricultores accedan a financiamiento de gobiernos nacionales para cubrir las primas de seguros, estableciendo un umbral mínimo del 15% de la producción o ingresos anuales promedio perdidos, frente al 20% actual propuesto por la Comisión. La Eurocámara también sugiere incrementar los máximos de apoyo para pequeños agricultores y un nuevo pago único para el desarrollo empresarial.
REFUERZO DEL PAPEL DE LOS AGRICULTORES EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Adicionalmente, se han votado varias enmiendas para fortalecer la posición contractual de los agricultores en la cadena de suministro, con 532 votos a favor, 78 en contra y 25 abstenciones. Se apoya la necesidad de contratos escritos para el suministro de productos agrícolas, aunque se permite a los Estados miembros de la UE eximir a ciertos sectores de esta obligación bajo ciertas condiciones.
Se busca también reducir el valor límite para los casos en que los contratos no son obligatorios y se demanda mayor claridad en el uso de términos como ‘justo’ o ‘equitativo’ en el etiquetado de productos agrícolas. Con la adopción de esta postura, los eurodiputados están listos para comenzar las negociaciones con los gobiernos de la UE para finalizar estos textos.