El Parlamento Europeo ha decidido este miércoles posponer por un año la entrada en vigor de la ley de deforestación, como parte de un conjunto de medidas para simplificar el proceso y hacer más fácil su cumplimiento por parte de las empresas de menor tamaño.
Esta decisión se ha tomado mediante una votación urgente para tramitar la propuesta reciente de la Comisión Europea que busca dar más tiempo a las empresas para adaptarse a las regulaciones europeas contra la deforestación.
Con el nuevo calendario, los principales operadores y distribuidores deberán acatar la normativa a partir del 30 de diciembre de 2026. Por otro lado, las compañías más pequeñas, aquellas con menos de cincuenta trabajadores y una facturación anual por debajo de diez millones de euros, tendrán hasta el 30 de junio de 2027 para ajustarse.
Este retraso busca asegurar una mejor adaptación de las empresas europeas al reglamento, que incluye la obligación de presentar informes de diligencia debida de forma electrónica.
Dentro de las medidas de simplificación también se establece que la responsabilidad de entregar una declaración de diligencia debida será únicamente para aquellas empresas que introduzcan un producto por primera vez en el mercado de la UE, y no para las que posteriormente lo comercialicen.
La UE ha optado por disminuir los requisitos para las empresas más pequeñas, permitiéndoles presentar una sola declaración simplificada. Para el año 2026, el Parlamento revisará nuevamente este proceso de simplificación para evaluar tanto el impacto de la ley como la carga administrativa que implica.