Este miércoles, el Parlamento Europeo ha decidido posponer la iniciativa de la Comisión Europea que buscaba suavizar las normativas ambientales exigidas a las empresas para reportar el impacto de sus operaciones en el entorno. La finalidad era reducir la carga burocrática, disminuir costes e incrementar la competitividad frente a potencias como China y Estados Unidos.
Por un margen de solo nueve votos, los eurodiputados han rehusado la propuesta de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, lo que retrasará las conversaciones con los gobiernos de la UE sobre la versión definitiva del documento. Dicho documento, ahora sujeto a enmiendas, será votado en la próxima sesión plenaria programada para el 13 de noviembre.
“Si se hubiera aprobado la propuesta del Partido Popular Europeo de debilitar la legislación, se habría socavado uno de los pilares del Pacto Verde”, afirmó Ciarán Cuffe, copresidente del Partido Verde Europeo, quien aplaudió el rechazo de los votos de los verdes y la izquierda. Por otro lado, Pascal Canfin, portavoz de los liberales europeos, lamentó que “hubo un acuerdo para aprobar el mandato que no ha sido respetado por todos”.
El bloque de ultraderecha de los Patriotas por Europa complicó la situación al solicitar un voto secreto, lo que llevó a que algunos eurodiputados se desvincularan de la disciplina partidista y votaran en contra del texto, a pesar del previo consenso entre las fuerzas ‘proeuropeas’.
Esta medida es parte del paquete ‘Ómnibus I’ que fue adoptado por la Comisión el pasado 26 de febrero, destinado a simplificar la legislación de la UE en temas de sostenibilidad, impactando directamente a la directiva sobre informes de sostenibilidad (CSRD) y la directiva sobre diligencia debida (CSDDD).