La Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP) ha aprovechado la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el próximo 15 de marzo, para reivindicar la importancia de la transparencia y de la información clara en el mercado del crédito de pequeño importe y corta duración, comúnmente conocido como micropréstamo.
La organización sostiene que la mejor forma de proteger al consumidor es garantizar que, antes de contratar un préstamo, pueda entender con claridad qué producto está firmando, cuánto le va a costar y qué obligaciones asume. También defiende que este tipo de financiación se ofrezca dentro de canales regulados y sometidos a códigos de conducta.
“La transparencia no es un eslogan para el sector del micropréstamo regulado, es una condición imprescindible”, señala la presidenta de AEMIP, Alisa Čevere, quien subraya que el objetivo es que cualquier persona que recurra a un microcrédito conozca de antemano cuánto pagará, en qué plazo deberá devolverlo y cuáles son sus derechos.
Un “puente de liquidez” para gastos imprevistos
Según explica la asociación, los micropréstamos que ofrecen sus entidades asociadas son créditos de importe reducido y corta duración, pensados para cubrir necesidades puntuales de liquidez, como reparaciones, sustitución de bienes básicos o gastos imprevistos.
Por ese motivo, la organización insiste en que la información previa debe ser especialmente clara. Entre otros aspectos, considera fundamental que el cliente pueda conocer:
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el coste total del préstamo expresado en euros, más allá de indicadores técnicos como la TAE;
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los plazos y la forma de devolución;
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y las condiciones contractuales sin formulaciones confusas o difíciles de interpretar.
Las entidades asociadas también deben informar sobre los canales disponibles para presentar reclamaciones o resolver conflictos, incluidos los servicios de atención al cliente o, en su caso, los organismos de consumo y los tribunales.
Solo se aprueba el 16% de las solicitudes de nuevos clientes
AEMIP subraya que la protección del consumidor no se limita a la información previa, sino que también incluye el proceso de concesión del crédito. Las empresas integradas en la asociación están obligadas a aplicar un Código de Buenas Prácticas, que exige realizar un análisis de solvencia antes de conceder cualquier préstamo.
Este estudio se realiza mediante herramientas tecnológicas que permiten analizar diferentes fuentes de datos de forma rápida, aunque rigurosa. Además, el código establece pautas específicas cuando el solicitante atraviesa una situación económica delicada.
Según los datos de la asociación, en 2025 solo el 16,30% de las solicitudes presentadas por nuevos clientes fueron aprobadas, lo que implica que menos de dos de cada diez peticiones superan los criterios de solvencia. El resto se rechaza tras el análisis de riesgo.
Para AEMIP, estas cifras demuestran que la rapidez que perciben los usuarios en la tramitación no implica falta de controles, sino el uso de procesos digitales que agilizan la evaluación.
Debate regulatorio
La asociación también se ha referido al debate abierto en España sobre la transposición de la nueva Directiva de Crédito al Consumo y el anteproyecto de ley que regulará estos contratos.
En este contexto, AEMIP asegura que apoya una regulación que refuerce los derechos de los consumidores —como el acceso a información clara o la protección frente a prácticas abusivas—, pero pide que el marco normativo sea proporcionado para evitar que desaparezcan del mercado los operadores regulados.
A su juicio, un exceso de restricciones podría empujar a algunos usuarios hacia prestamistas informales o no supervisados, donde la protección del consumidor es más difícil de garantizar.
Con motivo del Día de los Derechos del Consumidor, la asociación ha reiterado su disposición a colaborar con autoridades y organismos de consumo para avanzar hacia un mercado de crédito “más transparente, seguro y responsable”.