Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comunicó este lunes que se está evaluando qué componentes del decreto antiapagones, recientemente rechazado por el Congreso, pueden ser implementadas directamente por el Consejo de Ministros a través de un real decreto, obviando la necesidad de aprobación por parte de la Cámara Baja.
‘Lo que está haciendo el Gobierno de España es ver, de todas las medidas, cuáles son susceptibles de ser aprobadas no por un real decreto-ley, sino por un real decreto que haga que nuestro sistema sea más resiliente, y en eso es en lo que está trabajando ahora mismo la vicepresidenta tercera del Gobierno’, declaró el presidente durante una rueda de prensa para revisar el año político y presentar el informe ‘Cumpliendo’.
Sánchez aseguró que las medidas restantes del decreto serán presentadas nuevamente al Congreso ‘tan pronto como sea posible’ para fortalecer el sistema eléctrico y prevenir apagones como el sucedido el 28 de abril que requieren ratificación parlamentaria.
‘Frente al oportunismo irresponsable de algunos, la industria española debe saber que siempre va a contar con el compromiso del Gobierno de España y que, antes o después, por mucho ruido que haya, por muchas zancadillas que intenten poner, vamos a sacar adelante las medidas que son necesarias para hacer más resiliente al sistema eléctrico en nuestro país’, enfatizó Sánchez.
Recientemente, el Congreso derogó el decreto tras no obtener el apoyo suficiente, con votos en contra de PP, Vox y UPN, además de Podemos, BNG y Junts, sumándose Jorge Pueyo de Chunta Aragonesista. Por otro lado, ERC, PNV, Bildu, Coalición Canaria y José Luis Ábalos apoyaron la medida, resultando en 183 votos en contra, 165 a favor y ninguna abstención.
El Gobierno se comprometió a analizar las causas del apagón del 28 de abril y a introducir reformas preventivas, concluyendo que fue causado por un problema multifactorial que desencadenó una escalada de sobretensión incontrolable por las empresas eléctricas y Red Eléctrica. En respuesta, se propuso un decreto para intensificar la supervisión del sector, reducir los peajes a la industria electrointensiva en un 80% y facilitar nuevas conexiones de generación y consumo eléctrico.
A pesar de esto, las medidas propuestas no lograron convencer a la mayoría del hemiciclo, recibiendo críticas tanto de la izquierda, que lo vio como favorable al ‘oligopolio’ eléctrico, como de la derecha, que culpó al Gobierno por el apagón y exigió dimisiones antes de implementar nuevas políticas.