El Gobierno reconoce las dificultades para que el PP se abstenga en la ratificación del decreto destinado a fortalecer el sistema eléctrico frente a posibles cortes de luz, que será sometido a votación este martes en el Congreso. En consecuencia, en Moncloa ya consideran que hay pocas esperanzas de que la medida prospere, sobre todo después de que Vox, Podemos y el BNG hayan declarado que votarán en contra.
Fuentes oficiales del Gobierno también han admitido que anticipan un posible voto negativo de Junts, partido que ha optado por no revelar su posición de voto hasta ahora. Frente a este panorama, el Ejecutivo planea presentar una propuesta similar tan pronto como sea posible.
El decreto incluye varias acciones importantes, como el aumento de la supervisión del sector eléctrico por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que revisará trimestralmente las obligaciones de control de tensión de los operadores. Red Eléctrica también evaluará la necesidad de implementar sistemas para regular la tensión y las fluctuaciones de potencia.
Se promueven además actualizaciones en el proceso de planificación de las redes eléctricas, reduciendo los tiempos de tramitación y mejorando la conexión de nuevas instalaciones de generación y consumo, lo que contribuiría al desarrollo industrial y la electrificación de la economía. Otras medidas buscan promover el almacenamiento y facilitar la hibridación de baterías en instalaciones renovables, así como la expansión de las redes de autoconsumo. El decreto propone además una reducción del 80% en los peajes para la industria electrointensiva.
AAGESEN PIDE VOTAR CON RESPONSABILIDAD
En el debate sobre el decreto ley, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha instado a los grupos parlamentarios a demostrar ‘responsabilidad política y altura de miras’ al apoyar estas medidas esenciales para el fortalecimiento del sistema eléctrico.
Aagesen destacó que su ministerio ofreció colaboración a los grupos desde el principio para modificar el texto legislativo, pero ni el PP ni Podemos presentaron propuestas ni se reunieron con el gobierno. Poco después, Néstor Rego del BNG expresó su rechazo al decreto, criticando que otorga más poder a las grandes corporaciones eléctricas y perpetúa un modelo de transición energética ‘insostenible y al servicio del oligopolio’.