La comunidad pesquera de cerco en el Golfo de Cádiz ha solicitado al Gobierno central la implementación de «medidas urgentes» que «aseguren la supervivencia del sector», el cual, afirman, «se encuentra avocado a su desaparición» y denuncian una «situación de abandono en la que se encuentra».
La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha comunicado mediante un comunicado que desde la aprobación del Plan de Gestión del Golfo de Cádiz en 2016, «salvo por una pequeña modificación realizada en 2018, sigue aplicándose una Orden obsoleta, y que con el paso del tiempo ha demostrado la falta de eficacia en sus medidas, debido en gran parte a que ha ido cambiando la situación tanto políticamente, al depender de las directrices que marca la política pesquera europea, como del cambio climático que está afectando a los recursos».
Durante una reunión reciente en el puerto de Punta Umbría, con representantes de Facope y de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) de los puertos de Punta Umbría, Isla Cristina (Huelva), Sanlúcar de Barrameda y Barbate (Cádiz), se analizó el Plan de Gestión del Golfo de Cádiz, aún vigente, con el objetivo de presentar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, modificaciones y nuevas propuestas que consideran «debe recoger el futuro Plan de Gestión».
En este análisis, se destacó que «muchas de las propuestas se llevan reivindicando por el sector desde hace años», lo que «genera cierta desilusión, dada la poca receptividad del Ministerio, después de tantos años». Además, se propusieron medidas complementarias para que el sector «sobreviva» ya que, afirman, «en la actualidad estas empresas van a la ruina sin remedio, y sin posibilidades de una salida digna y necesaria».
Tras años de solicitudes sin éxito para un nuevo Plan de Gestión y medidas complementarias, el sector ha visto reducida su flota en «al menos el 50%», lo que ha llevado a las asociaciones a coincidir en la necesidad de un «plan de salvación para que al menos se pueda mantener operando la flota actual de menos de 40 barcos de los 86 que había en la pesquería en 2013». Lamentan que «desde la entrada en vigor del sistema de cuotas y el plan de gestión de 2016, todo ha ido a peor, y los barcos se han ido parando/desguazando en silencio».
«Problemas como las cuotas anuales, los bajos precios que provoca la falta de coordinación, las condiciones de contratación y bajas establecidas por el ISM, la imposibilidad de pesca de atún (accidental), la aplicación de los mecanismos de optimización, una investigación con resultados dispares, problemas de desplazamiento de especies (sardina) por causa del cambio climático, y en resumen, la falta de atención y gestión de esta pesquería están haciendo que muy pocos barcos sean viables ni sostenibles», indican desde el sector.
Ante esta crítica situación, el sector exige al Ministerio una reunión de «urgencia» para «por un lado tratar de impulsar la modificación del Plan de Gestión» y, por otro lado, que «se pongan en marcha otras medidas y contactos con ISM, IEO, que mejoren otros aspectos que ayuden a sostener esta pesca, tales como necesidad de obtener cuotas de atún, información de los estudios del boquerón y de la sardina con carácter trimestral, etc.». Además, recalcan la «gran cantidad de atún en el caladero» y la «imposibilidad de capturarlo» ni con capturas accidentales, reiterando la necesidad de «atención y gestión» para esta pesquería que se encuentra en «una situación extrema».