QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha señalado la morosidad empresarial en España como un problema «estructural y generalizado», comparándolo con «una bomba de relojería que la Comisión Europea quiere desactivar».
Antoni Cañete, presidente de la PMcM, ha criticado que el retraso en los pagos se haya normalizado y lo ha descrito como «una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores» para algunas empresas.
«En un país donde el 99,8% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, esta situación supone una amenaza sistémica para su supervivencia», afirmó.
De acuerdo con información del Banco de España, el plazo medio de pago entre las empresas cotizadas durante el segundo semestre de 2024 fue de 136 días, mientras que en sectores como ‘Información y comunicaciones’ y ‘Resto’ los plazos fueron de 252 y 309 días, respectivamente, muy por encima del límite legal de 60 días.
MARCO LEGAL ACTUAL
Cañete también ha mencionado la «ineficacia» del marco legal vigente, criticando la Directiva 2011/7/UE por «carecer de mecanismos de supervisión y sanción efectivos».
«Las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares, no siempre cumplen los plazos, y los controles sobre los pagos a subcontratistas, previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, son insuficientes o inexistentes», explicó.
La Comisión Europea ha propuesto un nuevo reglamento que reemplazaría la directiva actual y se aplicaría directamente en todos los Estados miembro, sin necesidad de transposición. La propuesta original incluía un plazo de pago de 30 días naturales, un sistema sancionador automático y la creación de autoridades nacionales de supervisión.
Durante el proceso en el Parlamento Europeo, se han agregado algunas excepciones sectoriales que podrían extender los plazos en circunstancias justificadas, como en productos de baja rotación o estacionales.
La PMcM ha opinado que estas excepciones, aunque adecuadas a ciertas realidades económicas, «corren el riesgo de debilitar el objetivo principal: erradicar la cultura del pago tardío en Europa».
Actualmente, el texto está en discusión en el Consejo Europeo, donde las diferencias culturales y económicas entre los países han provocado opiniones divididas.
