El PP ha reclamado la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, con el fin de que detalle el nuevo plan estratégico de la operadora. Este proyecto se está negociando en paralelo a un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a unos 6.000 empleados, un despido colectivo sobre el que los populares han presentado en el Congreso varias preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta por escrito.
La petición de comparecencia de Murtra en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, adelantada por el diario “ABC” y a la que también ha tenido acceso Europa Press, especifica que la finalidad es que el máximo responsable de la compañía exponga el plan estratégico para el periodo 2026-2030, dada su relevancia e “interés para la seguridad nacional”.
La nueva estrategia del grupo, presentada el 4 de noviembre, contempla un amplio plan de eficiencia con el que Telefónica prevé recortar gastos en torno a 2.300 millones de euros de aquí a 2028 y alcanzar hasta 3.000 millones de euros de ahorro al cierre de la década.
Ese programa de eficiencia incluye, entre otras medidas, reducir a la mitad el dividendo correspondiente a 2026, hasta 0,15 euros por acción, así como un ERE que afectaría a siete sociedades del grupo y a alrededor de 6.000 trabajadores. No obstante, el alcance definitivo del despido colectivo se concretará una vez finalice la negociación con las organizaciones sindicales.
En paralelo, el PP ha registrado en la Cámara Baja una batería de cuestiones para el Ejecutivo vinculadas con este proceso de reestructuración de plantilla, con el objetivo de que el Gobierno aclare su posición y las actuaciones llevadas a cabo.
En el seno del Ejecutivo, la principal discrepancia con la postura oficial del Gobierno —que se inclina por el diálogo entre la empresa y los representantes de los trabajadores— la ha expresado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La dirigente calificó el ERE en Telefónica de “indecente” en una carta enviada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el instrumento mediante el que el Estado controla un 10% del capital de la operadora tras destinar casi 2.300 millones de euros.
En este escenario, el PP dirige a Díaz preguntas como qué medidas concretas ha impulsado para frenar el ERE en Telefónica o si ha trasladado instrucciones al consejero dominical de la SEPI en la compañía, Carlos Ocaña Orbis, para que vote en contra de este despido colectivo.
Entre las cuestiones registradas, una de las cinco preguntas que los populares formulan al Ejecutivo sobre el ERE en Telefónica recoge literalmente: “¿Cómo es posible que se plantee un despido masivo de miles de trabajadores y trabajadoras en una empresa cuyo consejo de administración forma parte el mismo Gobierno que dice que la economía española va como un cohete?”.