Este miércoles, el Pleno del Senado ha dado luz verde a un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno y el Congreso, iniciativa promovida por el PP debido al rechazo del Ejecutivo de Sánchez a ciertas enmiendas de la Ley de Movilidad Sostenible, abriendo la vía para que el desacuerdo pueda ser dirimido por el Tribunal Constitucional (TC).
Este enfrentamiento marca el duodécimo incidente similar entre el Senado y otras entidades estatales en la actual legislatura, siguiendo a otros conflictos surgidos con legislaciones como la Ley de Amnistía y los Presupuestos Generales del Estado, entre otros.
Con la mayoría absoluta del PP en el Senado, este choque fue aprobado en el Pleno de la Cámara Alta, que ha asumido la disputa como propia y la ha enviado al Congreso y al Gobierno.
El Congreso y el Gobierno disponen de un mes para responder al planteamiento del conflicto de atribuciones, pudiendo también optar por no responder, lo que llevaría al Senado a decidir si eleva el asunto al TC o no.
POR TRES ENMIENDAS
El origen de este conflicto reside en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado, donde el PP logró añadir varias enmiendas, aunque el Gobierno las vetó aduciendo impactos en el equilibrio presupuestario.
Las enmiendas en cuestión, números 118 y 148, añaden un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley, buscando fomentar la movilidad sostenible a través de partidas presupuestarias anuales, excluyendo zonas urbanas e interurbanas, y apoyando proyectos de infraestructuras de recarga y renovación de flotas para la descarbonización.
La nueva disposición transitoria establece compensaciones en caso de que la ley imponga nuevas obligaciones a contratistas de sector público debido a sobrecostes generados.
EL PP DENUNCIA UNA «CACICADA»
Israel Roberto Pérez, parlamentario del PP, ha calificado el veto del Gobierno como una «obscena cacicada», en un discurso donde ha defendido la importancia del conflicto de atribuciones para la democracia parlamentaria española. Por su parte, el senador socialista José Manuel Franco ha justificado el veto gubernamental en el uso de sus atribuciones constitucionales.