QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Senado, con mayoría del Partido Popular (PP), ha dado luz verde este miércoles a un nuevo conflicto de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso debido al rechazo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a ciertas modificaciones propuestas en la Ley de Movilidad Sostenible. Este paso inicia formalmente el proceso que podría desembocar en una decisión del Tribunal Constitucional (TC).
Este enfrentamiento marca el duodécimo incidente de este tipo entre el Senado y otras instituciones estatales en la actual legislatura, siguiendo otros conflictos relacionados con diversas leyes y presupuestos. Utilizando su mayoría absoluta, el PP ha logrado que el Pleno del Senado asuma este desafío y lo envíe tanto al Congreso como al Gobierno.
Desde la recepción del conflicto, el Congreso y el Gobierno disponen de un mes para responder, aunque pueden optar por no hacerlo, lo que obligaría al Senado a decidir si eleva el caso al TC o lo desestima.
POR TRES ENMIENDAS
El detonante de este choque ha sido la incorporación de enmiendas durante la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado, concretamente las enmiendas 118 y 148, que introducen un nuevo artículo y una disposición transitoria en la ley. A pesar de ser inicialmente aprobadas por el Congreso, el Gobierno las vetó alegando impactos en el presupuesto.
El artículo 61 bis propone asignar anualmente fondos estatales para promover la movilidad sostenible, excluyendo ciertas áreas urbanas e interurbanas. Esta financiación fomentaría proyectos de infraestructura de recarga eléctrica y la renovación de flotas de transporte para su descarbonización mediante diversos incentivos fiscales y subvenciones.
La disposición transitoria mencionada establece compensaciones para los contratistas públicos afectados por nuevas obligaciones derivadas de la ley.
Israel Roberto Pérez, parlamentario del PP, ha defendido la relevancia de este conflicto en el Pleno del Senado, describiéndolo como una defensa del orden democrático y acusando al Gobierno de cometer una «obscena cacicada». Por otro lado, el senador socialista José Manuel Franco ha justificado el veto gubernamental como un ejercicio legítimo de sus poderes constitucionales.
