QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
PP y Vox han censurado este jueves al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, por sacar adelante, a través de un decreto ley y sin un proceso de negociación, la subida salarial del 11% entre 2025 y 2028 para los empleados públicos.
Ambas formaciones han lanzado sus críticas al Ejecutivo durante el debate en el Congreso para decidir sobre la convalidación o derogación del decreto que regula el incremento retributivo de los funcionarios. La norma contempla un alza del 2,5% consolidable para 2025, un 1,5% adicional para el ejercicio siguiente que podría llegar al 2% en función de la inflación, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.
Desde la tribuna, el ministro López ha defendido el contenido del decreto y ha recalcado que con esta medida se mejora el salario de más de 3 millones de empleados públicos pertenecientes al conjunto de las administraciones.
“Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta. Lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina. Lo merecen los agentes forestales, o los profesores de la universidad pública, o los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad”, ha subrayado López.
En la discusión parlamentaria sobre la iniciativa, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Podemos y BNG han adelantado su apoyo a la convalidación del decreto, mientras que PP y Vox han mantenido un discurso mucho más duro con el Gobierno.
Vox reprocha el uso del decreto ley y el calendario elegido
El diputado de Vox Pablo Sáez ha cuestionado que para sacar adelante la subida salarial se recurra a la figura del decreto ley, algo que, a su juicio, evidencia la “ausencia de una política presupuestaria” y un Ejecutivo que deja “para final de año” la mejora de las retribuciones del sector público.
Por parte del PP, Ángel Ibáñez ha acusado al Gobierno de aprobar esta medida sin ningún tipo de diálogo previo y ha advertido de que se deja sin margen de maniobra a las comunidades autónomas encargadas de aplicar la subida, ya que muchas han elaborado sus cuentas sin incorporar esta revalorización salarial.
Aun así, Ibáñez ha reiterado el compromiso del PP “con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos” y con la estabilidad en el empleo.
