El PP, Vox y Junts han confirmado este martes que rechazarán en el Congreso de los Diputados el decreto ley de vivienda que el Gobierno ha llevado a votación. La norma contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que expiren en 2026 y 2027, así como el mantenimiento del límite del 2% en la actualización anual de las rentas de alquiler, fijado para contener el impacto del conflicto en Irán. Con la suma de estos votos en contra, la convalidación del decreto está abocada a fracasar.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido el texto en el Pleno, insistiendo en que la extensión de los contratos constituye una medida "concreta, razonable y con la que no pierde nadie" y que, según ha subrayado, cuenta con el respaldo de un 74% de la ciudadanía, al margen de la ideología política.
En su intervención, Bustinduy ha recalcado que "dos tercios del electorado del Partido Popular, también de Vox, apoyan esta medida. Más de la mitad del electorado afirma que se replantearían su voto en el caso en el que el partido político en el que han confiado votara en contra de esta medida", y ha advertido de que las formaciones que voten en contra deberán explicar por qué dejan a casi tres millones de personas "a su suerte".
Durante el debate, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha tildado la prórroga de "propaganda" y ha justificado su rechazo alegando que el decreto es "jurídicamente muy defectuoso". Ha cuestionado además el criterio seguido para fijar el tope del 2% a la actualización de las rentas, que ha calificado de decisión "absolutamente arbitraria".
Madrenas ha sostenido que "no están resolviendo nada. Solo maquillan una situación que toda la sociedad está viendo que empeora cada día que pasa. Por eso este decreto no es una solución. Es jurídicamente defectuoso, económicamente incoherente y socialmente ineficaz. Por todos estos motivos y no por sectarismo, nosotros no podemos dar nuestro voto para poder convalidarlo".
Desde Vox, el diputado Carlos Hernández ha achacado al Gobierno el incremento del precio de la vivienda por no haber impulsado un aumento de la oferta y ha defendido que el decreto "aplaza y agrava" el problema habitacional en España, porque es "pan para hoy y hambre para mañana". A su juicio, "este cambio regulatorio repentino, esta nueva arbitrariedad, incrementará la desconfianza de muchos arrendadores, lo que llevará a una retirada masiva de unidades del mercado".
Hernández ha exigido al Ejecutivo que abandone las "chapuzas", facilite la construcción de vivienda y limite la demanda cerrando las fronteras, también en lo que respecta a los grandes fondos.
El diputado del PP, Daniel Pérez, ha censurado la ausencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la defensa del decreto, una crítica que han compartido también representantes de Sumar. Pérez ha asegurado que este debate se celebra porque "Pedro Sánchez tenía que ceder para mantenerse en el poder un día más" y no porque el PSOE considere imprescindible el contenido del texto. A su juicio, "lo que hoy traen aquí no es política de vivienda, es improvisación, propaganda y supervivencia política", y ha acusado al Gobierno de "anunciar más planes de vivienda, que viviendas entregadas".
El PNV, por su parte, ha reiterado su decisión de abstenerse al entender que las dos medidas clave del decreto –la prórroga de los contratos y el tope del 2%– no han sido objeto de negociación previa y chocan con la prórroga del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos introducida por la actual Ley de Vivienda.
Bustinduy defiende la prórroga frente a los grandes tenedores
En otro tramo de su intervención, el ministro de Consumo ha afirmado que los grupos "no tienen ni un sólo argumento" para oponerse a un decreto que, según ha dicho, proporciona "estabilidad" a las familias ante subidas de hasta el 50% en los alquileres de los contratos que vencen en 2026 y 2027, incrementos que muchos hogares "no podrán asumir".
Bustinduy ha denunciado la campaña "deshonesta" que, a su juicio, se ha desplegado en las últimas semanas enfrentando a inquilinos y pequeños propietarios. Ha recalcado que "no son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50% y, si no puedes pagarlo, a la calle" sino determinados grandes tenedores, inversores "sin escrúpulos" y corporaciones financieras.
El ministro ha apuntado que "seis de cada diez viviendas en alquiler en España están en manos de multiarrendadores y de personas jurídicas, una proporción que no deja de aumentar. Apenas 13 grandes empresas y fondos de inversión gestionan más de 100.000 viviendas en alquiler. Hay otras 500 empresas, por lo menos, que gestionan más de 50 pisos cada una. El número de hogares que posee un inmueble en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, mientras los grandes tenedores, los que poseen más de 10, han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario desde entonces".
En esta línea, ha defendido que la prórroga de los contratos no implica costes adicionales para los propietarios que no pretendan realizar subidas desorbitadas, ya que únicamente afectará a quienes aspiraban a elevar las rentas hasta un 60% para especular con la vivienda. A su entender, la medida contribuye a preservar la oferta de alquiler y a evitar que los pisos se desvíen a usos como los apartamentos turísticos ilegales o los arrendamientos temporales irregulares, al tiempo que frena la espiral de precios.
"La prórroga ofrece una solución inmediata a casi tres millones de personas. Tumbarla deja a esa gente a la intemperie para blindar el interés y el negocio de quienes hoy les están asfixiando", ha remachado Bustinduy, que ha pedido que, pese al previsible rechazo, el debate sirva para recomponer una mayoría que permita "mañana" volver a plantear esta misma medida junto a un programa de vivienda más amplio.
Rufián carga contra Junts y visualiza la división del bloque
En nombre de ERC, Gabriel Rufián ha arremetido contra Junts por su negativa a apoyar el decreto. Durante su intervención, ha mostrado un billete de 50 euros y ha afirmado que "esta es la bandera" que comparten con PP y Vox.
"Esta es su bandera, la que comparten con PP y con Vox para fastidiar a casi tres millones de personas", ha manifestado Rufián, que ha acusado a Junts de no actuar en función de los intereses de la ciudadanía a la que representan, sino "a sus intereses particulares".