La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, está de salida. Apenas le quedan unos días para que concluya su mandato al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Financiera, y en su último encuentro con los medios de comunicación ha verbalizado una etapa de "luces y sombras". En el debe positivo está su trabajo en equipo, "lo mejor, sin duda", además de ayudarle -señala- a colocar a la AIReF en una posición de "referencia, consolidando la independencia, el rigor, la transparencia y el prestigio" de este organismo.
Desde la AIReF, apunta Herrero, "hemos aportado a las administraciones cuando nos han querido oír, a los políticos, cuando hemos ido con nuestros informes, y la ciudadanía en general, porque hemos acercado una materia como la que trabajamos".
Así que, el resultado con la Administración Central (AC), y no tanto con las territoriales y autonómicas -de las que ha destacado el trabajo en coordinación y el buen entendimiento-, no ha sido tan positivo, partiendo -reconoce la primera autoridad de la Airef-, que, está claro que, el Gobierno no tiene que hacer lo que dice la AIReF, faltaría más. Dando por hecho que, "las instituciones independientes son incómodas. Tienen que serlo. Porque si no lo eres -remarca-, es que algo falla y, este es un sitio que requiere de implicación, de dejar claros los mensajes y los límites", defiende. Ahora bien -distingue-, "nosotros no estamos para decir que las cosas están mal cuando las cosas han pasado. También estamos para ayudar a construir las cosas bien, como, por ejemplo, un marco fiscal nacional o, una reforma de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria".
Desde este punto de vista -en su opinión-, no hubiera estado de más, que al menos, “la AC hubiera seguido algunos consejos, como, la adaptación del marco fiscal nacional al europeo”. "Una oportunidad perdida", valora Cristina Herrero, al desarrollar que, el Gobierno ha hecho "una trasposición que no responde a lo que tenía que cumplir. Y es una pena -se lamenta-, porque ahí, la AIReF tenía un análisis que habíamos publicado, y que podría haber ayudado. Por eso creo -insiste-, en que ha faltado hacernos caso, en parte, también, por el impulso europeo que obliga a hacer un seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito del Spending Review".
La "chapuza" legislativa que corta la independencia de la AIReF
Pero la queja no es solo hacia el Ministerio de Hacienda, al que también señala por no haber modificado aún una ley orgánica que trae causa desde el año 2013 -la ley orgánica que regula a la AIReF-, y donde hay dos artículos que deberían modificarse para no dejar sombra de dudas sobre la independencia que le debe asistir a este organismo supervisor.
Para Cristina Herrero, esto no es solo una tarjeta roja a la inacción de Hacienda. Es -señaló ante los medios-, una chapuza legislativa y una falta de rigor en la redacción de nuestra ley orgánica, que implica que la AIReF tiene que hacer sí o sí estudios que le encargue la Administración Central. Cosa que -matiza-, no ocurre con las administraciones territoriales, que financian en condiciones de igual a la Airef. Eso es algo -añade-, que probablemente no se dieron en cuenta cuando se redactó, porque quizá no pensaron que tuviera la dimensión que iba a tener. Pero esa chapuza legislativa -determina- tiene que resolverse, sí o sí".
Y si Hacienda se lleva el rapapolvo de Cristina Herrero, tampoco se quedan sin recado otros ministerios, como el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Precisamente, este miércoles, la presidenta de la AIReF dio a conocer el resultado de la segunda fase del Spending Review, del año 2023, de la serie de 2022-2026. Aún falta la tercera fase a expensas de los datos del Gobierno. Un análisis que fija los costes de la incapacidad temporal, la ayuda oficial al desarrollo y el ingreso mínimo vital en 22.000 millones de euros.
El gasto de las incapacidades temporales y la solución de alerta
La fase II del Spending Review 2022-2026 destaca la incidencia de número de bajas médicas, pues ha incrementado en un 60% entre el periodo 2017-2024, lo que ha supuesto un gasto de 16.500 millones de euros en 2024, solo superado dentro del gasto de la Seguridad Social, por las pensiones.
En este aspecto, Herrero pondera la necesidad de trabajar siempre teniendo en cuenta el reto del gasto público, y abordar así nuevas necesidades, enfrentándose a la gestión de las incapacidades temporales y a las bajas médicas para aminorar el impacto económico que tienen las mismas. Sobre esta cuestión, Herrero es tajante. El Instituto Nacional de Seguridad Social, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podría actuar antes en el caso de las incapacidades de trabajo, y no hacerlo a los 365 días, porque de este modo podría reducirse el gasto público.
Sostiene Cristina Herrero, que "el INSS es quien tiene que establecer los mecanismos, en colaboración con el médico de atención primaria, para establecer un sistema de alerta, cuando se encuentre con una serie de indicios. Y, ahí es muy importante la información que dan los médicos, las empresas, las mutuas y los trabajadores", sustancia. De modo que -afirma-, el INSS es la única institución responsable de esta gestión económica. Luego -subraya-, delegar no significa dejar de ser responsable, porque hay que hacer una estimación del ahorro público".
Controlar el gasto público y cumplir con Europa
Desde el punto de vista de la supervisión -apoya Cristina Herrero- hay que priorizar y ver todo, de cara al reto del gasto público. Y ahí, uno de los focos -adelanta- está en Sanidad. Y, es por eso -relata-, que "las CCAA nos pidan valoraciones de políticas de RRHH y de contratación. Por cierto -repara-, un informe que también lo podría hacer el Consejo de Política Fiscal y Financiera".
Desde el punto de vista sanitario -añade- también hay que estudiar los determinantes de las listas de espera. Y, para eso -advierte- "lo que hay que hacer, es que las listas de espera tienen que ser homogéneas, y no lo son. Y, es fundamental -recomienda- saber qué hay detrás, porque tiene incidencia sobre otras prestaciones, como es el caso de la IT (incapacidades temporales)".
En el ámbito de la Educación -continúa-, “yo creo que hay varios temas que evaluar. Por ejemplo -despliega-, la reforma de la FP. Hay que saber -cuestiona-, si de verdad está funcionando y si se está produciendo un mejor emparejamiento entre las necesidades de las empresas y la oferta educativa". En este sentido, añadió sobre la ecuación educación-trabajo, este lunes estuve en un foro y hablé del reto de la productividad, porque en los próximos años, la productividad tiene que tomar el reto del sector trabajo, como motor del crecimiento económico. Y eso pasa -apoyó-, porque se produzca un desarrollo en nuevas tecnologías, Inteligencia Artificial, Digitalización, Conectividad, que no solo necesita inversión, sino también, una reforma estructural de la educación," para que se pueda asimilar.
Vivienda, dependencia, los vuelos a las islas e infraestructuras
En cuanto a Vivienda -avanzó la presidenta de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente-, "estoy segura de que es una cosa que hay evaluar, como la incidencia en el desarrollo normativo en el mercado de la vivienda. O -apuntó-, el tema de la dependencia, que es uno de los gastos que presiona al alza después de 2050, que ahí se estima que la presión en pensiones habrá bajado.
Por último, y valorando la eficacia y eficiencia de gasto público, Cristina Herrero reveló que-, en el apartado de infraestructuras, el último informe es del año 2018. Y ahora -manifestó-, se podrían revisar algunas de las conclusiones que, en aquel momento, hicimos", para poder actualizarlas. Y, ahí "pongo el ejemplo de cuando hicimos el informe de infraestructuras y analizamos el coste de la bonificación de los vuelos a Baleares y a Canarias con la península -insistió-. Porque ahí -reveló-, el Ministerio de Hacienda puso, que no se tendrá en cuenta a la Airef, por el coste político". Y es que, "la política -remató- también influye en las decisiones. Por eso es bueno -justificó-, que se tome en cuenta la toma de decisiones informadas”.
La respuesta del Ministerio de Seguridad Social
Y mientras la AIReF confirma que el IMV solo llega al 20%, fuentes de la cartera liderada por Elma Saiz replican que, no solo el IMV ha aumentado un 59% desde 2020, si no que además, la pobreza en España se ha reducido a mínimos de la última década, con el 19,7% en 2024, a la vez que, estas mismas fuentes denuncian la reducción sustantiva del presupuesto destinado a las rentas mínimas autonómicas desde la aprobación del IMV.
Según han indicado, esta reducción supone que las comunidades autónomas han dejado de invertir unos 600 millones de euros en quienes más lo necesitan.
Desde Seguridad Social, han valorado el informe de la AIReF como una aportación "valiosa" al diseño y mejora de las políticas públicas, que complementan el análisis que realiza el Ministerio para reforzar el IMV, pero han apuntado que las conclusiones sobre el Incentivo al Empleo se basan en datos desactualizados tras su primer año de aplicación (2023).