La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) ha expresado su descontento tras el comunicado de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre la anulación de aproximadamente 53.000 viviendas turísticas, argumentando que esto «constituye un ataque directo a la seguridad jurídica, a la economía andaluza y a las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía».
«Lejos de la realidad, estas viviendas no han perdido su licencia turística autonómica», han manifestado desde la asociación, indicando que la mayoría de estas propiedades operan legalmente bajo la autorización de la Junta de Andalucía y siguen las normativas locales vigentes.
«Lo que ha ocurrido es que, debido a errores en el Registro Digital Único y la falta de criterios uniformes de los registradores, muchos de estos inmuebles aún no han conseguido su Número de Registro de Alquiler (NRA). Calificar este incidente técnico y administrativo como una ‘ilegalidad masiva’ es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable», ha enfatizado Avvapro. Además, han recordado que la gestión de las licencias turísticas corresponde a las comunidades autónomas, no al Ejecutivo central.
«El intento del Gobierno de Pedro Sánchez de arrogarse esta potestad constituye una invasión flagrante de competencias y un desafío directo al marco constitucional», han continuado, destacando que la Junta, junto con otras tres comunidades autónomas y dos asociaciones, ha impugnado el Real Decreto 1312/2024 que regula el Registro Único por esta misma razón.
Además, han señalado que etiquetar como ilegales a miles de viviendas con licencia autonómica es un ataque al motor económico de Andalucía y de España. «En provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, el turismo de corta duración es fundamental para el sostén de decenas de miles de empleos y tiene un impacto crucial en la actividad económica. Dañar la imagen internacional de España como destino turístico es una irresponsabilidad que repercutirá negativamente en trabajadores, familias y empresas andaluzas».
«EL VERDADERO PROBLEMA: LA FALTA DE VIVIENDA NUEVA»
Desde la perspectiva de Avvapro, el Gobierno central está desviando la atención del verdadero problema, que es «la escasez de vivienda nueva en un contexto de demanda muy elevada, pues en los últimos catorce años nunca se han edificado más de 100 mil viviendas al año, a pesar de un aumento sostenido de la población que supera los 700 mil habitantes anuales».
El Real Decreto 1312/2024 está siendo impugnado por cuatro comunidades autónomas y dos asociaciones sectoriales. Intentar aplicar sanciones o «cancelaciones masivas» mientras la normativa está recurrida en los tribunales «genera una inseguridad jurídica inaceptable y coloca a miles de familias y empresas en una situación de incertidumbre injustificada», según la patronal.
«Pedro Sánchez trata de manipula a la ciudadanía cuando habla de 53.000 viviendas ilegales: la realidad es que está atacando a Andalucía, a sus competencias y a un sector que es clave para nuestra economía. Retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias. Por ello, AVVAPRO exige respeto a las competencias autonómicas y apoyo al sector que cumple con la ley», han concluido.
Contrario a lo que sostiene el Gobierno central, muy pocas viviendas se convertirán en alquileres de larga duración, ya que solo el 37% de las VUT son utilizadas exclusivamente para fines vacacionales. El resto son segundas residencias que se usan cuando sus propietarios no están presentes o durante las vacaciones. De ese 37% de propietarios, la mayoría optará por mantener la vivienda desocupada debido al alto riesgo de impagos provocados por la reciente y problemática Ley de Vivienda.