El Ministerio de Trabajo ha propuesto a los representantes de empresarios y sindicatos la creación de un real decreto que reforme la legislación del salario mínimo interprofesional (SMI) para integrar las disposiciones de la Carta Social Europea y la directiva europea de salarios mínimos.
En la reunión de este lunes, presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, con la presencia de delegados de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, se discutieron las pautas para la transposición de la Directiva de Salarios Mínimos.
En este contexto, se valoró cómo asegurar que los ajustes en el SMI repercutan directamente en las nóminas de los trabajadores sin interferir con los complementos salariales que premian la productividad o reconocen riesgos laborales, entre otros, según informaron desde el Ministerio de Trabajo.
Desde el Ministerio subrayaron el ambiente “constructivo” del encuentro, y adelantaron que las conclusiones serán incorporadas en un documento que será evaluado por las organizaciones sindicales y empresariales comprometidas.
El propósito de estas negociaciones es la completa adaptación de la Directiva de Salarios Mínimos Europea, un compromiso asumido por la ministra de Trabajo con los sindicatos CCOO y UGT en el acuerdo para elevar el SMI para el año 2025.
La Directiva, aprobada en 2022 por la Comisión Europea, tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales en la UE, garantizando que los salarios mínimos se ajusten a la realidad económica de cada estado miembro.
En la reunión, CCOO abogó por una ley que asegure que el SMI constituya el 60% del salario medio neto y modifique la normativa sobre desindexación salarial en contratos públicos para garantizar los aumentos salariales en empresas con contrataciones estatales.
Por su parte, Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, en un mensaje audiovisual, enfatizó la importancia de que el incremento del SMI se refleje efectivamente en los salarios, criticando las cláusulas de compensación y absorción que a menudo neutralizan estos aumentos.