El Ministerio de Función Pública propuso un aumento del 10% en los salarios de los empleados públicos para el periodo de 2025 a 2028, informaron fuentes sindicales. Este incremento se distribuiría de manera gradual durante los cuatro años, con un límite del 4% anual para los dos primeros años, en línea con el límite de gasto presupuestario.
La parte restante del aumento, un 6%, se aplicaría en los últimos dos años del periodo, aunque desde CSIF señalan que el Gobierno sugiere un incremento mayor en 2027 debido a la previsión de inflación.
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han rechazado la propuesta, calificándola de insuficiente y han sido convocados por el Ministerio a una nueva reunión el próximo jueves, 20 de noviembre, para continuar las negociaciones. Desde CSIF argumentan que la oferta inicial no compensa la inflación acumulada, que hasta octubre alcanzó el 3,1% anual.
«Los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos y por tanto no lo podemos aceptar», señalaron desde CSIF. Además, recalcan que desde el último acuerdo en 2022, los salarios se han devaluado un 8%, y desde 2010, la devaluación alcanza casi el 20%.
Desde CCOO han tachado la oferta de «todo inaceptable» y la consideran un «insulto» a los trabajadores públicos, amenazando con una posible huelga general en diciembre si no se mejora la propuesta. Isabel Araque, de UGT, mencionó que el porcentaje complicará las negociaciones y subrayó la necesidad de garantizar el poder adquisitivo.
El Ministerio, dirigido por Óscar López, se comprometió a considerar las demandas sindicales en futuras discusiones. La reunión de hoy, presidida por Consuelo Sánchez Naranjo, secretaria de Estado de Función Pública, busca avanzar en el nuevo marco de relaciones laborales y salariales para mejorar la calidad de los servicios públicos y la relación con la ciudadanía.