Rechazo unánime de Podemos, PP y Vox al aumento del impuesto al diésel solicitado por la UE en noviembre

En noviembre pasado, Podemos, PP, Vox y UPN rechazaron en el Congreso de los Diputados la propuesta de incrementar los impuestos al diésel, una medida que la Comisión Europea considera necesaria para liberar más de 1.000 millones de euros en fondos europeos para España.

Esta decisión se tomó en el contexto de la discusión sobre la ley que establecería un impuesto mínimo global para grandes corporaciones. Las formaciones políticas mencionadas votaron en contra de una enmienda del PSOE que buscaba eliminar, desde el 1 de abril de 2025, la bonificación fiscal actual del diésel comparado con la gasolina.

El objetivo de la enmienda era implementar un sistema ajustable de tributación, que entraría en vigencia si el precio promedio del diésel excediera los dos euros por litro durante dos meses consecutivos y si el precio del barril de Brent aumentara durante el segundo mes por encima del promedio del mes anterior.

Esta política era crucial para que España cumpliera con los requisitos de la Comisión Europea y accediera a los fondos europeos. Además, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar incluía un compromiso para promover una fiscalidad ambiental bajo el principio de ‘quien contamina paga’.

CADA UNO POR SUS MOTIVOS

No obstante, el Gobierno no consiguió los votos necesarios en el Parlamento, resultando en la derrota de la medida. El PP y Vox se opusieron por su rechazo general a los aumentos de impuestos, mientras que Podemos argumentó que la medida afectaría negativamente a las clases trabajadoras y prefería que se presionara fiscalmente a las compañías energéticas en lugar de a los consumidores.

A pesar del optimismo mostrado por algunos miembros del Ejecutivo sobre la posibilidad de que la medida se apruebe en el futuro, no se ha incluido en ningún decreto ni en otros textos legislativos que se han presentado en el Congreso debido a la oposición continua de Podemos, su socio de investidura.

Recientemente, la Comisión Europea ha suspendido un pago de aproximadamente 1.000 millones de euros a España del quinto segmento del plan de recuperación y resiliencia, que incluye 23.900 millones en total, divididos entre 8.000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos, debido a esta y otras razones.

Esta suspensión también se relaciona con el incumplimiento en las inversiones requeridas para la digitalización de entidades regionales y locales. Sin embargo, España aún recibirá un pago parcial por otros hitos que sí ha logrado completar dentro del plazo extendido que ahora se le ha otorgado.