Redeia no contempla dotar ninguna provisión ni asumir sanciones o penalizaciones por el apagón del 28 de abril de 2025 que deban ser cubiertas con las pólizas contratadas, al no prever “ningún tipo de responsabilidad” por el suceso. La compañía se apoya en que tanto los informes de la Comisión de Investigación del Gobierno como las conclusiones del panel de expertos europeos eximen a Red Eléctrica de España (REE) de cualquier incumplimiento normativo.
En una rueda de prensa convocada para presentar los resultados de 2025 y el nuevo plan estratégico del grupo para el periodo 2026-2029, la presidenta, Beatriz Corredor, y el consejero delegado, Roberto García Merino, remarcaron que esta postura está respaldada por los auditores de las cuentas y por los equipos jurídicos, tanto internos como externos.
Corredor incidió en que el apagón, tal y como “ha sido reconocido en todos los informes técnicos oficiales, tanto del panel de expertos europeos como Comité de Análisis del Gobierno”, fue un “incidente inédito y multifactorial”, originado por una combinación de factores que superaron el criterio de seguridad n-1 y desembocaron en un problema de sobretensión y en una desconexión en cascada de generación.
“Esto es lo que dice el análisis técnico riguroso de los datos. No son ni conjeturas ni generalidades”, afirmó, remarcando que Red Eléctrica gestionó el sistema de forma adecuada “antes, durante y después del apagón”.
En este sentido, la presidenta de Redeia defendió que “mantiene la tozudez de la verdad”, que, a su juicio, es que el operador del sistema eléctrico “no incumplió absolutamente ninguna normativa de las que estaban vigente.
“Lo cual no se puede decir de otros operadores, que sí incumplieron la normativa que estaba vigente. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los que pueden, que es tanto el Gobierno como el panel de expertos de la Comisión Europea”, añadió. Al mismo tiempo, advirtió de que si otras compañías han optado por “una estrategia de defensa que pasa por tratar de responsabilizar exclusivamente al operador del sistema, pues ellas sabrán lo que hacen”.
No obstante, Corredor puntualizó que todas las decisiones “se toman con la mejor información disponible en cada momento”, de modo que, si se produjera alguna novedad relevante, “sobre la mesa del consejo de administración estaría la decisión correspondiente”.
Operación reforzada del sistema eléctrico
En relación con la operación reforzada con la que funciona la red desde el apagón, la presidenta confirmó que se mantendrá activa mientras no exista una certeza del 100% de que las medidas exigidas para garantizar la plena seguridad del sistema han sido implantadas en su totalidad.
Subrayó, además, que los servicios de ajuste no representan “ningún sobrecoste”, sino “una herramienta del sistema para cumplir con la obligación que tiene el operador”. “Es un servicio que el operador tiene que prestar, que está regulado en la Ley, y que al operador no le supone ningún tipo de ingreso”, precisó.
En este marco, se refirió al procedimiento de operación 7.4 de control de tensión, reclamado por REE desde 2020 y aprobado el pasado mes de junio, que se encuentra ahora en fase de despliegue. Según detalló, ya hay más de 370 instalaciones bajo control, de las que 200 cumplen los requisitos establecidos y más de 150 han completado las pruebas correspondientes, “de las cuales 78 con casi 9 gigavatios (GW) han superado las pruebas y 4 GW están ya habilitadas”.
Asimismo, avanzó que, una vez que se implante de forma definitiva la normativa en tramitación, incluida ese P.O. 7.4 y otros nuevos procedimientos, REE evaluará “si el sistema ofrece suficientes herramientas para no seguir adelante con esta operación reforzada”.
Situación de la central nuclear de Almaraz
En otro orden de cuestiones, Corredor aclaró que el operador del sistema no está elaborando en estos momentos ningún informe sobre las consecuencias del cierre o de una posible prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, ya que “no se ha solicitado” aún por parte de las autoridades competentes.
“En el caso del cierre de nucleares, hasta ahora no se ha producido ninguno previamente y, por tanto, es un procedimiento que se iniciará en el caso de que se solicite el cierre de una central y que por parte de los organismos correspondientes no soliciten ese informe. A día de hoy ese informe no se ha solicitado”, reiteró la presidenta de Redeia, remitiéndose a los pasos formales que deberán seguirse si se plantea oficialmente el cierre de alguna instalación nuclear.