Desde 2027, España experimentará una disminución del 20% en la asignación de fondos europeos destinados a la Política Agraria Común (PAC) y a los fondos regionales de Cohesión para el ciclo presupuestario de la Unión Europea de 2028 a 2034. Esta información se desprende de los recientes anuncios de la Comisión Europea acerca de la distribución financiera por países.
El total de fondos que recibirá España será de 88.100 millones de euros, de los cuales 79.900 millones se dirigirán principalmente a la agricultura, la pesca y los programas regionales. Este monto representa una reducción del 20% en comparación con los 100.000 millones asignados en el periodo anterior.
Además, se destinarán otros 3.000 millones a programas relacionados con la migración, la seguridad y asuntos del Interior, y 5.300 millones adicionales al fondo social para el clima.
Preocupaciones expresadas por Fernando Sampedro
Durante una reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE en Bruselas, Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea, expresó su decepción: ‘Nuestra primera impresión es que quedan desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a regiones menos desarrolladas, con el enorme coste territorial y político que ello puede conllevar’.
Sampedro también manifestó su inquietud por el modelo de ejecución centralizada de los planes nacionales y regionales propuesto por la Comisión Europea, que se basa en el diseño de los planes de recuperación y resiliencia, ‘con cofinanciación y certificación, condicionalidad y cumplimiento de hitos y objetivos’. ‘Es, en definitiva, excesivamente complejo, todo lo contrario de lo esperado en un ejercicio en el que pretendíamos simplificar el marco presupuestario’, criticó, añadiendo preocupaciones sobre los nuevos recursos propios que Bruselas considera incorporar al presupuesto comunitario, pues ‘la mayoría son impuestos nacionales que ya existen’.
Esta propuesta de la Comisión es solo el comienzo de un proceso negociador que se prevé extendido por al menos dos años, en el que participarán los gobiernos y la Eurocámara.