La Unión Europea ha cerrado un acuerdo para renovar en profundidad su política aduanera común con un doble objetivo: simplificar y acelerar los trámites, pero también reforzar la supervisión de los vendedores y plataformas 'online' como Shein y Temu. Estas compañías pasarán a ser responsables directas de que los productos que comercializan en el mercado comunitario respeten la normativa europea y se arriesgarán a sanciones económicas cuando incurran en incumplimientos reiterados.
El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha definido como “histórico” el pacto logrado entre los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo, al entender que supone un “paso transformador hacia un sistema más unificado y moderno”. La reforma, que aún debe recibir en los próximos meses la aprobación formal de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara, prevé la creación de una gran plataforma central de gestión de datos que coordinará la actuación de las aduanas nacionales bajo el paraguas de la Autoridad Aduanera Europea (EUCA, por sus siglas en inglés), que finalmente tendrá su sede en la ciudad francesa de Lille.
Este centro europeo de datos deberá arrancar en 2028 para el comercio electrónico y alcanzar su funcionamiento completo para el conjunto de empresas en 2031, con la meta de convertirse en el “único punto de entrada aduanero” de la Unión hacia 2034. Con ello se pretende simplificar la burocracia y abaratar costes tanto para las administraciones encargadas de los controles como para las compañías que importan mercancías.
El Parlamento Europeo detalla que las empresas que vulneren de forma sistemática la legislación comunitaria se enfrentarán a multas de al menos el 1% y hasta el 6% del valor total de los bienes introducidos en el mercado europeo durante los últimos 12 meses. Además, las autoridades podrán suspender, revocar o anular su estatus de operador de confianza u Operador Económico Autorizado y catalogarlas como operadores de “alto riesgo”.
Según datos de la Comisión Europea, sólo en 2025 llegaron al mercado comunitario 5.900 millones de envíos de bajo valor dirigidos directamente a consumidores finales, de los que el 90% procedían de China. El fuerte aumento de estos paquetes y la complejidad de los procedimientos han dificultado el control aduanero y han incrementado el peligro de que productos ilegales o peligrosos terminen en manos de los ciudadanos europeos.
Nuevas tasas y recargos para el comercio online
Como anticipo de esta reforma, la Unión Europea aprobó el pasado diciembre una medida transitoria por la que, a partir del próximo julio, se aplicará un arancel de 3 euros a los paquetes de bajo valor (menos de 150 euros). Con esta solución provisional se elimina la exención de gravamen que beneficiaba a este tipo de compras hasta que el nuevo sistema aduanero esté plenamente operativo.
Con esta decisión, el bloque comunitario busca equiparar las condiciones de competencia entre el comercio electrónico transfronterizo y el pequeño comercio tradicional. Una vez en marcha el centro europeo de datos aduaneros, se volverán a aplicar los derechos de aduana habituales, según ha explicado la Comisión Europea.
La reforma incluye además una “tasa de gestión” adicional que empezará a cobrarse, como muy tarde, en noviembre de 2026 para compensar la sobrecarga de trabajo de las aduanas ante el auge de las compras por Internet a plataformas como Temu, Shein o Amazon. Este recargo deberá ser asumido por la misma entidad que paga el resto de gastos aduaneros del envío, con el fin de que no repercuta en el consumidor final.
El importe concreto de esta tasa todavía no está fijado, pero se calculará en función de los costes mínimos que soportan las autoridades al procesar los paquetes, como los recursos informáticos y el personal necesario para verificar los datos, realizar análisis de riesgo y efectuar controles cuando proceda. La Comisión Europea determinará el precio y lo revisará cada dos años.
Las plataformas asumen la responsabilidad de las mercancías
Otro pilar central de la reforma es que los operadores pasen a ser plenamente “responsables” de las mercancías que introducen en la Unión Europea. Las plataformas y vendedores online estarán obligados a comunicar al centro de datos aduanero la información de las ventas inmediatamente después de efectuarlas, lo que permitirá a las autoridades actuar incluso antes de que los productos crucen la frontera exterior de la Unión.
Los operadores deberán además garantizar el cumplimiento de toda la normativa europea aplicable a sus productos, tanto en materia fiscal como en el resto de requisitos no fiscales, por lo que se contemplan sanciones específicas en caso de infracciones repetidas. Bruselas subraya que este cambio aliviará la carga de responsabilidad que hasta ahora recaía en gran medida sobre los consumidores individuales.
En la práctica, las plataformas de bajo coste que envían directamente al comprador europeo pasarán a ser consideradas importadores. Esto implica que deberán facilitar a las aduanas todos los datos necesarios, pagar o asegurar los gastos correspondientes y velar por que los artículos respeten la legislación de la UE.
Para evitar que se sirvan de “empresas fantasma” con las que eludir estas obligaciones, la reforma establece que estas compañías deberán tener establecimiento en la Unión Europea o estar representadas por una entidad con sede en la UE que disponga del estatus de operador económico autorizado o de operador de confianza.
Los consumidores celebran “el fin de la impunidad”
La Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés) ha acogido con satisfacción la reforma, al considerar que marca “el fin de la impunidad” para aquellos vendedores y plataformas online que han estado “ignorando durante mucho tiempo” las normas de seguridad europeas.
“Europa se ha visto desbordada por un tsunami de paquetes procedentes de China y las autoridades aduaneras simplemente no han podido gestionarlo”, ha señalado en un comunicado el director general de BEUC, Agustín Reyna, quien ve en este acuerdo un paso decisivo para “cambiar el rumbo” y frenar la llegada de productos peligrosos al mercado comunitario.
La organización también destaca que el nuevo marco “protegerá la competencia leal”, ya que respaldará a las empresas que cumplen la legislación comunitaria frente a aquellas que obtenían ventajas incumpliendo las reglas.
Pese al avance que supone la reforma, las asociaciones de consumidores advierten de que aún queda trabajo por delante y reclaman que se dote a las autoridades aduaneras de los recursos humanos, tecnológicos y jurídicos necesarios para aplicar de forma efectiva lo acordado.