Renfe ha puesto cifra, cercana a los 1.000 millones de euros, al gran contrato que ha sacado a concurso para sellar una alianza con una compañía especializada en transporte por carretera. La finalidad es agilizar su capacidad de reacción cuando se ejecutan obras o se producen fenómenos meteorológicos que interrumpen la circulación ferroviaria y obligan a recurrir a autobuses para trasladar a los viajeros hasta su destino final.
Según los pliegos del contrato consultados por Europa Press, el importe estimado de esta licitación se sitúa en 923,3 millones de euros (sin IVA) para un horizonte total de 15 años. El acuerdo inicial contempla un periodo de 10 años por 588 millones, con la opción de prorrogarlo otros 5 años adicionales.
Con este procedimiento, Renfe pretende seleccionar un socio que controle el 51% de una nueva sociedad, mientras que la operadora ferroviaria pública conservaría el 49% restante. El objetivo es disponer de una flota estable de autocares y de conductores suficientes para activar planes de transporte alternativo por carretera (PAT) cuando el tren no pueda circular.
Para garantizar la eficacia del servicio, Renfe limita el acceso del concurso a grandes grupos empresariales. Así, en los pliegos ya se fijan condiciones económicas como que las compañías interesadas deberán acreditar una facturación igual o superior a 75 millones de euros en alguno de los tres últimos ejercicios, además de contar con al menos 500 autobuses en propiedad (o 300 si concurren en consorcio).
El proceso se articulará en dos fases: primero se abrirá un plazo para que cualquier operador presente su candidatura y, posteriormente, se seleccionará a las empresas que cumplan todos los requisitos. En este contexto, fuentes de Avanza, uno de los mayores operadores de autobús en España, han indicado a Europa Press que presentará su candidatura. Desde Alsa no se pronuncian, aunque también encaja en las condiciones exigidas.
Precisamente estos criterios han puesto en “pie de guerra” a las pequeñas y medianas empresas, que cuestionan por qué Renfe los impone, cuando recuerdan que una parte de los actuales planes alternativos por carretera ya los prestan ellas y que, si el contrato recae en una gran compañía, temen acabar siendo subcontratadas, según fuentes próximas a las pymes del sector.
Renfe ya ha subrayado que su prioridad es garantizar la disponibilidad de autobuses incluso en picos de demanda, lo que justificaría la búsqueda de un socio con una gran capacidad de recursos.
Con esta nueva sociedad mixta, la operadora ferroviaria calcula un ahorro de hasta 195 millones de euros a lo largo de los 15 años de vigencia, en comparación con el coste de los actuales planes de transporte alternativo por carretera.