Renfe ha vuelto a respaldar su plan para poner en marcha una empresa de autobuses centrada en los servicios alternativos de transporte (PAT), en colaboración con un socio privado. Lo hace a pesar de que el proceso de licitación se encuentra suspendido de forma cautelar, tras los recursos presentados por parte del sector, que considera que la iniciativa deja fuera a las compañías de menor tamaño.
En una nota pública, la operadora ferroviaria estatal detalla que al concurso se han presentado ya hasta nueve compañías que concentran más del 75% de la demanda cubierta mediante operadores privados en España, aunque incluso los representantes de estas grandes firmas, agrupadas en la patronal Confebús, han expresado su rechazo al proyecto.
La empresa subraya que la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) es de carácter “estrictamente cautelar” y se enmarca en la tramitación de los recursos interpuestos por las asociaciones Anetra, Fenadismer y Direbús.
“La empresa confía en que esta medida cautelar no afectará al desarrollo del proceso de licitación, diseñado conforme a la normativa vigente y a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de oportunidades”, sostiene Renfe, que reivindica la “plena seguridad en la solidez del procedimiento”.
Renfe recalca además que el diseño del modelo de la nueva sociedad persigue también “preservar la capilaridad territorial y la participación de operadores locales en este tipo de servicios urgentes e imprevisibles”, dado que el 15% de las rutas se adjudicarán a empresas locales y de menor dimensión mediante subcontratación, del mismo modo que sucede en la actualidad.
Impacto en el sector y críticas por los precios
La operadora remarca que el efecto de esta licitación sobre el conjunto del negocio del autobús es muy reducido, cifrándolo en solo 60 millones de euros anuales frente a los 4.000 millones que mueve el sector cada año en España. De acuerdo con un análisis interno, el peso de los PAT de Renfe se sitúa en torno al 1,22% (0,18% en servicios de urgencia y 1,04% en servicios planificados), lo que, a su juicio, descarta que el volumen licitado tenga capacidad de “expulsar” a operadores del mercado, como denuncian las patronales.
Asimismo, la compañía sostiene que en la actualidad se ve obligada a abonar precios “abusivos” a las empresas de autobuses que contrata para cubrir el transporte alternativo cuando los trenes no pueden circular. Defiende que la nueva empresa permitirá evitar esta situación y mejorar la planificación, con un ahorro estimado de hasta 130 millones de euros en un horizonte de 10 años.
Renfe incide, por último, en que es la única operadora que pone a disposición de los viajeros autobuses para completar el trayecto cuando las vías quedan interrumpidas, ya sea por obras o por incidencias de emergencia, a diferencia de Ouigo o Iryo, que no ofrecen este tipo de servicio.