Repsol tiene previsto poner en marcha antes de que termine abril una reclamación legal por los perjuicios ocasionados por el apagón eléctrico, por un valor de 125 millones de euros que la compañía considera “recuperables”, tal y como avanzó el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz.
Durante una conferencia con analistas para detallar los resultados de 2025, Imaz explicó que la acción judicial se centrará en el cero eléctrico registrado el pasado 28 de abril y no en otros incidentes ocurridos en fechas distintas en sus complejos industriales de Cartagena y Puertollano, que igualmente afectaron a la operativa del grupo.
En relación con el origen del apagón, el directivo prefirió “no entrar en el debate público” y apostó por aguardar a las conclusiones de la investigación que está llevando a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre lo sucedido.
“Estamos a la espera de este informe para tener más claridad sobre los posibles responsables de estos eventos, pero en cualquier caso, vamos a iniciar una reclamación legal antes de finales de abril, cuando legalmente se permite”, apuntó.
Aun así, Imaz recalcó que, aunque “no tiene una bola de cristal” sobre el desenlace de este proceso, recordó que en 2022 el Tribunal Supremo confirmó una indemnización a su filial Petronor de 18 millones de euros por el impacto de un corte de suministro eléctrico de 12 minutos.
Según sus cálculos, esos 18 millones de euros “es una cifra muy cercana” al daño sufrido en cada uno de los centros industriales por el cero eléctrico del 28 de abril. “Estamos preparando este caso, esperando el informe, atentos a él, pero en cualquier caso, trabajaremos en el ámbito legal para obtener una compensación justa por este impacto en nuestras plantas industriales”, subrayó.
Demanda por el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos
Por otro lado, Imaz señaló que Repsol ha interpuesto una reclamación “muy similar” a las que el Tribunal Supremo ha fallado a favor de compañías como Galp o BP en relación con el denominado tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos aplicado entre 2013 y 2014, cuya devolución, más los intereses, ha sido ordenada por la Agencia Tributaria al considerarse contrario al Derecho de la Unión Europea.
“No soy abogado ni químico, pero creo que, en términos legales, podría ser similar”, apuntó, precisando que la empresa está pendiente de la resolución del Alto Tribunal. “No puedo anticipar cuál será la decisión del Tribunal Supremo para Repsol, porque, bueno, no está en mis manos, pero, quiero decir que la reclamación es casi la misma, o muy similar”, añadió.
Visión de Repsol sobre la fusión Moeve-Galp
Asimismo, el máximo ejecutivo de la petrolera española se pronunció sobre la posible integración de las redes de estaciones de servicio y refinerías de Moeve y Galp, una operación que valoró de forma positiva al considerar que sería “bueno para el mercado y buenas noticias para Repsol”. “Nos gusta la competencia”, remarcó.
En su opinión, el proyecto, tras el acuerdo no vinculante comunicado en enero por Moeve y Galp para analizar la fusión, pone de relieve “el atractivo de los mercados español y portugués para este negocio, lo cual es positivo”.
Cuestionado sobre un eventual interés de Repsol por activos que pudieran ponerse a la venta si se exigieran desinversiones para culminar la fusión, Imaz opinó que “probablemente sea demasiado pronto para hablar” de ello, dado que la operación se encuentra todavía en una fase muy preliminar.
“Pero creo que es positivo ver dinamismo en el mercado de estaciones de servicio en España y Portugal, que de alguna manera es fruto del impulso positivo y la experiencia que estamos viendo en nuestros mercados en términos comerciales”, concluyó.