Repsol ha rechazado “de forma tajante” la sanción de 20,5 millones de euros impuesta a varias de sus filiales del negocio de distribución de carburantes, así como la prohibición de concurrir a licitaciones públicas acordada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La compañía sostiene que la resolución se apoya “en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022”, marcado por la crisis derivada de la invasión de Ucrania por Rusia, y ha avanzado que la recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer “valer todos estos argumentos en su impugnación”.
La CNMC comunicó este martes la imposición de la sanción a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por aplicar una política comercial calificada de “de estrechamiento de márgenes abusivo”, que habría perjudicado a las estaciones de servicio independientes —las conocidas como ‘low cost’— que compiten con las gasolineras de la principal petrolera del país.
En una nota pública, la energética considera que la decisión del organismo de Competencia no demuestra ni la existencia de una posición de dominio ni un efecto real de expulsión de rivales del mercado, y defiende que actuó “con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria”.
Según la compañía, es la primera vez en el ámbito del derecho de la competencia nacional y comunitario que la CNMC sanciona a una empresa por la aplicación de descuentos, “en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración, para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado”.
En esta línea, advierte de que “sancionar una conducta legal y supervisada por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras”, subrayando que los descuentos en surtidor “fueron exigidos” por el Real Decreto-ley 6/2022, “cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía durante todo 2022”.
Repsol tacha la resolución de arbitraria y cuestiona el análisis de mercado
El grupo encabezado por Josu Jon Imaz califica además la resolución de la CNMC de “arbitraria” y acusa al regulador de que “infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes”. A juicio de la compañía, si se toma en consideración el segmento adecuado, su cuota rondó el 25% en 2022, con numerosos operadores compitiendo en ese ámbito.
“Nunca en la historia del derecho de la competencia se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (9 meses) y en condiciones excepcionales”, añade la empresa.
Repsol sostiene igualmente que, a lo largo del expediente, ha aportado pruebas de que en ese periodo no se produjo impacto apreciable en la estructura competitiva, sin expulsión de rivales ni situaciones de dependencia efectiva.
En este sentido, remarca que la resolución de la CNMC solo identifica doce estaciones de servicio pertenecientes a tres competidores en cuatro áreas geográficas concretas, elegidas —según la compañía— de forma arbitraria por el regulador, “que no acredita exclusión real ni potencial”, y que tampoco se constata la salida del mercado de ningún operador atribuible a la conducta investigada, ni a escala nacional ni en esos entornos locales.
“De las tres empresas afectadas -Andamur, Arria y AS24-, una de ellas (AS24) expresamente ha reconocido que no ha sufrido ningún pinzamiento mediante un escrito aportado a la CNMC, que el organismo regulador ha ignorado”, afirma la compañía.
Por otro lado, Repsol critica que la CNMC esté “más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores” y muestra su extrañeza por que la decisión se adopte “en un contexto de crecimiento continuo de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales”.
Asimismo, considera “sorprendente” que en el expediente no figure ninguna alusión al fraude, pese a las dos denuncias presentadas por la empresa, sin que se haya tenido noticia de avances sobre ellas. A juicio de Repsol, en la distribución mayorista de carburantes existe un incumplimiento masivo de las obligaciones regulatorias y fiscales, con un impacto directo sobre la competencia, que la CNMC no habría tenido en cuenta.