La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Competencia, Teresa Ribera, ha indicado este miércoles que, pese al encarecimiento de la energía, la UE aún no se encuentra en una fase que justifique activar instrumentos de emergencia. No obstante, ha remarcado que el bloque comunitario dispone de mecanismos preparados para reaccionar si el escenario empeora.
“No estamos ahí todavía, pero si llegara ese momento tendremos que recurrir a la experiencia de la crisis anterior”, ha afirmado Ribera, subrayando que los Estados miembro conservan margen dentro de las normas europeas sobre ayudas de Estado para respaldar a sectores concretos en caso de que el coste de la energía vuelva a dispararse.
La responsable comunitaria ha apuntado que estas herramientas podrían orientarse a reducir la factura eléctrica de las industrias con mayor consumo de energía, uno de los segmentos más vulnerables ante nuevos repuntes de los precios en los mercados mayoristas.
Ribera ha recordado que este tipo de instrumentos ya se utilizaron en crisis recientes, como durante la pandemia o tras el impacto económico de la guerra en Ucrania, cuando Bruselas aprobó marcos temporales que permitieron a los gobiernos canalizar apoyo público hacia empresas afectadas.
“La buena noticia es que hemos aprendido de crisis anteriores: sabemos cómo intervenir de manera menos distorsionadora, utilizar la fiscalidad y facilitar apoyo directo a los hogares y a las empresas”, ha destacado, poniendo el acento en la experiencia acumulada por las instituciones europeas.
Aun así, ha admitido que es “demasiado pronto para saber cuál será exactamente la respuesta”, y ha insistido en que cualquier actuación futura deberá regirse por ciertos principios esenciales, como evitar que se alteren las señales económicas de largo plazo o que se frene la transformación del sistema energético comunitario.
En su intervención, ha advertido de que cambios profundos en elementos estructurales, como el precio del carbono o el diseño de los mercados energéticos, podrían ralentizar la transición ecológica y generar dudas entre los inversores sobre la estabilidad del marco europeo.
Por ello, ha defendido que, ante eventuales tensiones adicionales en los mercados de la energía, la prioridad debe ser mantener el armazón regulatorio actual y ajustar dentro de ese marco los instrumentos ya existentes para proteger tanto a los ciudadanos como al tejido empresarial.
La vicepresidenta ha explicado que el abanico de medidas podría ir desde actuaciones de carácter fiscal hasta apoyos directos a hogares y compañías, además de soluciones más específicas en función de cómo evolucione la coyuntura.
En todo caso, ha reiterado que cualquier respuesta deberá articularse de forma coordinada entre la Comisión Europea y los Estados miembro, con el fin de evitar reacciones unilaterales que fragmenten el mercado interior y generen desequilibrios entre países.
Ribera ha recalcado igualmente que las autoridades de competencia deben tener un papel central en este proceso, asegurando que las medidas de apoyo no se traduzcan en ventajas injustificadas ni alteren las reglas del juego entre empresas que operan en la Unión.
“No podemos olvidar el ADN de las autoridades de competencia: garantizar igualdad de condiciones, prevenir abusos de posición dominante y proteger a los consumidores y a los operadores en cualquier mercado”, ha concluido.